El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) es una organización conformada por comunidades indígenas náhuatl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que lleva más de 10 años trabajando en la defensa de su territorio, a través de la promoción y ejercicio de la libre determinación como pueblos indígenas. Desde el 2020, PBI acompaña a Juan Carlos Flores Solís, abogado del FPDTA-MPT, debido a la situación de riesgo en la que se encuentra a causa de la defensa de los derechos humanos.
El trabajo del FPDTA-MPT
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua FPDTA-MPT es una organización compuesta por comunidades indígenas náhuatl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que desde el 2012 se organizan y trabajan por la defensa del territorio, por la promoción y el ejercicio de su libre determinación como pueblos indígenas ante la llegada de empresas y proyectos que intentan industrializar sus tierras. Ello, trae como consecuencia, el daño y contaminación de su territorio.
Entre los proyectos y empresas industriales que tienen fuertes intereses económicos de uso del suelo y que generan una disputa por la conservación del territorio y el agua de los pueblos originarios, se encuentran: el Proyecto Integral Morelos (PIM), asociado a la empresa estadounidense Macquarie Infrastructure Partners (que compró el gasoducto de las empresas españolas Elecnor y Enagás en 2022); la empresa francesa Saint Gobain; la Asociación de Empresarios del Parque Industrial Ciudad Textil; Schaeffler México; Driscoll’s México; Volkwagen; Audi, entre otras.
El Proyecto Integral Morelos (PIM) consta de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de gas en Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 km que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; dos acueductos de 12 km para transportar el agua de consumo y descarga que usará la termoeléctrica, modificando la composición y caudales del Río Cuautla (Morelos); y una red de alta tensión de 20 km.
Se estima que este gasoducto afecta a 29 municipios y a más de 60 comunidades, incluyendo cerca de 47 ejidos, con una zona de influencia de aproximadamente 800.000 personas perjudicadas. Desde su construcción a partir de 2012, el proyecto ha supuesto fuertes conflictos con las comunidades afectadas en los tres estados. Muchas de ellas han mostrado su firme oposición al PIM mediante asambleas, plantones, protestas, quejas de violaciones a derechos humanos e, incluso, llegando a medidas legales como amparos.
La oposición al PIM también se debe al hecho de encontrarse en la falda del volcán Popocatepetl. El gasoducto atraviesa rutas de evacuación del volcán, poniendo en riesgo a una multitud de comunidades en caso de erupción del mismo. Esto ha sido advertido en diferentes ocasiones por el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) y por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de expertos independientes y las propias comunidades.
La lucha del FPDTA-MPT no solo es en contra del PIM. Se suma a este repertorio la Asociación de Empresarios del Parque Industrial Ciudad Textil, y las Empresas transnacionales de los estados de Puebla y Morelos (Volkswagen, Nissan y Audi; así como las proveedoras Saint Gobain y Continental Bridgestone) que manifiestan ampliamente el apoyo al Proyecto Integral Morelos y están generando presión para que el gobierno federal inicie operaciones del gasoducto cerca del volcán Popocatépetl, ya que estas empresas serían beneficiadas del transporte de gas natural y/o de la energía producida.
En Santa María Zacatepec, Puebla, las proveedoras de las armadoras Volkswagen y Audi, Ternium, y el parque industrial Mercatus, han contribuido a la escasez de agua en las comunidades que, sumado a la extracción del preciado líquido por parte de la planta Bonafont, se generó el 29 de mayo de 2021 un socavón de más de 100 metros. El hundimiento de tierra fue atribuido a la extracción indiscriminada del agua. Tan solo la empresa Bonafont extraía más de un millón 600 mil litros por día, equivalente al consumo total en un municipio de 18 mil habitantes.
Situación de riesgo del FPDTA-MPT
Frente a la lucha de los pueblos indígenas, el PIM se ha impuesto por medio de la fuerza pública estatal y federal que es utilizada para desalojar a los pobladores de las comunidades originarias y, al mismo tiempo, ha utilizado al ejército mexicano en Puebla y Morelos para resguardo de la maquinaria que va construyendo el gasoducto.
En el marco de su oposición a megaproyectos en Morelos, Puebla y Tlaxcala, personas integrantes del FPDTA-MPT han sido asesinadas, amenazadas, atacadas, reprimidas, difamadas, hostigadas y criminalizadas. Se contabilizan 26 personas defensoras de derechos humanos que han sido judicializadas por su labor en el marco del PIM, algunas de ellas contando con órdenes de aprehensión. Tres personas han sido detenidas ilegalmente por su legítima labor en pro de los derechos humanos, dos de ellas llegando a pasar 10 meses encarceladas. Además, dos medios de comunicación comunitarios se han cerrado de manera violenta.
En Morelos, la violencia hacia los defensores de la tierra, del territorio y del medioambiente ha llegado hasta la detención y tortura de una persona defensora durante dos días consecutivos, y culminó con el asesinato de Samir Flores Soberanes, el 20 de febrero de 2019, tres días antes de que se realizara la consulta impulsada por el Presidente de la República para echar a andar la termoeléctrica en Huexca. Este crimen aún permanece impune.
Redes de Apoyo
El FPDTA-MPT se ha vinculado con organizaciones locales, nacionales e internacionales afines, así como con comunidades de base que comparten la misma problemática en todo el país. El FPDTA-MPT cuenta con la operación de radios comunitarias articuladas territorialmente. Al nivel nacional e internacional, Front Line Defenders, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, SERAPAZ y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, dan seguimiento a los casos llevados por el FPDTA-MPT. Una alianza fundamental del FPDTA-MPT es el Congreso Nacional Indígena (CNI) con el cual comparte objetivos y visiones. En 2021, participaron en la llamada Gira por la Vida realizada en la Europa Insumisa, como fue denominada por el EZLN; una gira de incidencia en Europa, en la cual los pueblos indígenas de México ampliaron sus conexiones en el continente.
Relación Con PBI
Desde febrero de 2020, PBI acompaña formalmente al FPDTA-MPT, en principio, en el marco de la consulta indígena sobre el Gasoducto Morelos de 4 comunidades en el municipio de Atlixco, Puebla. PBI brinda acompañamiento internacional al FPDTA-MPT a través de su presencia física en eventos públicos, manifestaciones o movilizaciones pacíficas, encuentros o talleres; y participa en la visibilización de sus problemáticas a través de incidencia política, reuniones con autoridades estatales, federales e internacionales, y en el fortalecimiento de redes de apoyo y difusión de información. Además, PBI brinda al FPDTA-MPT asesorías en incidencia, seguridad y protección.
Créditos de fotos: M. A. Fernández y J. Marcos