La organización Familia Pasta de Conchos trabaja desde 2006 en la Zona Carbonífera del Estado de Coahuila, reclamando el rescate de los cuerpos de los 65 mineros que quedaron atrapados en la Mina Pasta de Conchos y reivindicando mejores condiciones de seguridad para los mineros de la zona. PBI acompaña a la organización y a su directora Cristina Auerbach desde 2014, debido al alto riesgo que enfrentan por su legítima labor de defensa de derechos humanos.
Historia de la organización
La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPdC) surge en el año 2006, a raíz del siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, situada en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, y gestionada por la empresa Grupo México. En esta tragedia quedaron atrapados y fallecieron 65 mineros. A raíz de ello, familiares de los mineros fallecidos se juntaron para exigir el rescate de los cuerpos -solo dos cuerpos han sido rescatados hasta la fecha-. Paulatinamente, empezaron a visibilizar la problemática más global de las precarias condiciones laborales de los mineros en la zona, sobre todo en cuanto a seguridad en el trabajo.
A los familiares se unió la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach, y juntos formaron la Organización Familia Pasta de Conchos. Gracias a su trabajo de análisis y documentación, la organización ha podido llevar el caso de Pasta de Conchos ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Sin embargo, se cumplieron diez años de la tragedia y la situación de impunidad aún permanece.
Desde 2009, La OFPdC ha acogido otros casos como el derrumbe en la Mina Lulú en Muzquiz que dejó dos muertos, o la explosión en el Pozo 3 de BINSA en Sabinas, donde fallecieron 14 mineros. Asimismo, con los años, la organización ha ido ampliando su espacio de actuación, inspeccionando las condiciones de seguridad laboral en las minas, documentando accidentes laborales, y asesorando jurídicamente a los mineros de la zona. Este seguimiento ha logrado posicionar en la opinión pública mexicana como tema prioritario, la situación de derechos laborales en la minería.
En abril de 2015, la organización abrió una oficina en Cloete, municipio de Sabinas, con el propósito de asesorar a quienes manifiestan haberse visto afectados tanto en su salud como en su patrimonio por la explotación de carbón en la zona. De acuerdo a los testimonios de la población local, diferentes empresas mineras han realizado tajos abiertos dañando el patrimonio y medio ambiente de centenares de familias que habitan la villa de Cloete. Según la Organización, estas actividades no respetan acuerdos alcanzados en 1996 que determinaban que no se podrían realizar “actividades de exploración o extracción de carbón mineral dentro de los predios de la zona urbana comprendidos a una distancia de 350 mts de la última casa habitación de las poblaciones de Sabinas, Villa de Agujita y Villa de Cloete”.
A raíz de su lucha contra la explotación de carbón, los y las habitantes de Cloete se han visto amenazados, hostigados y difamados. En este contexto, OFPC ha presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), diversas quejas sobre violaciones a los derechos humanos relacionadas con la actividad minera en Coahuila. Actualmente, otras comunidades de la zona se han sumado al proceso de resistencia en Cloete ya que enfrentan experiencias similares en las localidades de Nueva Rosita, Palaú, Esperanzas y La Florida.
Necesidades de protección
Tras una misión exploratoria que recorrió varios estados de México, PBI identificó Coahuila como zona de alto riesgo para la defensa de los derechos humanos. Dicho análisis fue respaldado por un informe posterior de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que señala a Coahuila como “una de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores”.
La Zona Carbonífera donde trabaja la OFPdC es la principal zona de extracción de carbón en México y por lo tanto la CNDH identificó en un informe la minería como “la actividad productiva más importante de la región”, añadiendo que “se realiza de manera irregular, […] sin contar con los permisos correspondientes, […] sin las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad y seguridad de los trabajadores mineros”. Además, la zona se destaca por un significativo aislamiento de centros de decisión, situación que acentúa el riesgo para defensores y defensoras trabajando en esa zona. En efecto, por la labor que desempeñan, integrantes de la organización se han visto amenazados y hostigados en numerosas ocasiones. En particular, Cristina Auerbach, su directora, ha sido hostigada, golpeada, amenazada, y difamada.
Por ello, desde 2014, PBI acompaña a la OFPC y a Cristina Auerbach, mediante visitas regulares a la zona carbonífera y trasmitiendo frecuentemente a autoridades federales y estatales la preocupación internacional por la seguridad de los integrantes de la organización. Debido a la escalada del riesgo de Cristina Auerbach y de una ola de difamaciones en su contra en marzo de 2016, PBI emitió un pronunciamiento público alertando a los tres niveles de gobierno de nuestra profunda preocupación por la situación. Tras la activación de PBI, Front Line Defenders se pronunció al respecto y publicó una Acción Urgente .
Asimismo, debido a su alto nivel de riesgo, Cristina Auerbach es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y fue invitada en 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia sobre criminalización de defensoras de derechos humanos en las Américas.
Para más información sobre la Organización Pasta de Conchos:
- Su sitio web
- Su página Facebook
- Su cuenta Twitter
- El pronunciamiento público de PBI
Para más información sobre el desastre de Pasta de Conchos:
- Documental Voces del Subterráneo (70 Minutos)
- Articulo de CNN (2011/en inglés)