EDUCA, Servicios para una Educación Alternativa, nació en 1994 y tiene su sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. A través de su trabajo en el área de derechos territoriales, se propone fortalecer y consolidar el liderazgo de organizaciones sociales, regionales y comunitarias que luchan por la defensa de su derecho al territorio, así como la generación de propuestas alternativas a las actuales políticas de desarrollo. EDUCA acompaña varios procesos comunitarios de defensa del territorio ante megaproyectos de explotación de bienes naturales para la generación de energía y la extracción de minerales. Tanto sus integrantes como las personas defensoras comunitarias que acompañan, han sufrido hostigamientos, amenazas, acoso y difamaciones hacia su trabajo.
Marcos Arturo Leyva Madrid es fundador y director de EDUCA, Neftalí Reyes Méndez trabaja en el área de derechos territoriales. Ambos, nos cuentan que para las comunidades “Defender la vida es un conjunto en todo lo que eso representa, el río, los minerales, los bosques, sus casas, sus muertos”.
Oaxaca es uno de los estados con mayor pobreza, mayor biodiversidad, y con un importante pluralismo étnico y cultural. El 45% de la tierra es de propiedad comunal, y los conflictos históricos de límites de tierras se han visto acrecentados por la venta y especulación de las tierras comunales y ejidales tras la reforma constitucional y modificación del artículo 27 constitucional. Para muchas organizaciones, el impulso de megaproyectos y corredores turísticos o industriales relacionados con la implementación del Plan Puebla Panamá habría acrecentado esta conflictividad. La red mexicana de afectados por la minería (REMA), ubicó al estado como el segundo en el país en cuanto a número de movilizaciones sociales contra la minería y según datos de EDUCA, la Secretaría de Economía informó de 407 títulos de concesión minera vigentes en 2016, cubriendo una superficie que representa el 5% del territorio estatal. La matriz energética y la estructura del sector energético en México aparecen también dentro de las preocupaciones de la sociedad civil, debido a que para ellos supondría un retroceso en materia de Derechos de los Pueblos indígenas y Derechos Humanos.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México situó al estado como el segundo en conflictividad por megaproyectos. En 2014, pueblos, comunidades y organizaciones del estado, se reunieron e identificaron las amenazas sobre los territorios frente al interés de control de diversos actores sobre el mismo; la violación a los derechos humanos de quienes defienden el territorio; y las reformas, entre las que destacaron la iniciativa de reforma a la Ley Agraria, la Reforma de Telecomunicaciones y la Reforma educativa. El último año, a esto se habría agregado la instalación de las Zonas Económicas Especiales, promovidas por el gobierno bajo el objetivo de acortar brechas entre territorios creando nuevos polos de desarrollo, y que han sido vistas con preocupación por la sociedad civil, debido a sus posibles consecuencias sobre la militarización del territorio y la imposición de proyectos de desarrollo.
“Ni las organizaciones ni las comunidades están contra los proyectos, ni contra los procesos de inversión, sino que la preocupación es debido al tipo de inversión de que se trata, a quién beneficia y a quién perjudica”. Educa señala la importancia de que las comunidades sean parte de los procesos de inversión y que estos deben reflejar su identidad y visión regional, y las aspiraciones de mejora en la calidad de vida dentro de las comunidades. “Hoy en día llegan proyectos de inversión o megaproyectos que no respetan ni a la comunidad, ni al medioambiente, ni el derecho de la gente a decidir si quiere o no quiere ese tipo de proyectos”. Por estas circunstancias, las personas o comunidades que defienden sus derechos se convierten en defensores y defensoras comunitarias.
Dificultades en el ejercicio del derecho a defender
Marcos: Una dificultad con la que se encuentran los defensores y las defensoras tiene que ver con que los proyectos de inversión muchas veces se instalan sin el consentimiento de la comunidad, y para mantenerla más o menos controlada se generan presiones hacia la misma, muchas veces a través de grupos armados que hostigan a los que están generando los procesos de defensa y de resistencia. Otro problema, son los cacicazgos locales, ya que su poder económico y político en la región se ve amenazado con la labor de quienes defienden el territorio. Además, están los procesos de criminalización a defensores y defensoras, que intentan vincularlos a acciones delincuenciales.
Hay una serie de delitos que regularmente se atribuyen a casi todos los defensores activistas, el simple hecho de que tú te movilices, que camines en la calle en una marcha, ya puede ser utilizado para que te acusen del delito de ataques a las vías de comunicación; cuando tomas una oficina y no dejas salir a una persona, incluso dicen que es secuestro. La utilización de estos delitos es de manera arbitraria, el estado los utiliza para poder ejercer una acción penal contra defensores y defensoras. También están las estrategias de comunicación, campañas mediáticas de desprestigio acusándoles de no ser defensores, sino delincuentes, de malversación de fondos, o de defender a cierta banda delincuencial.
Neftalí: Creo que otro problema radica en que las empresas colocan financiamiento, pero nunca están directamente involucradas, entonces la estrategia que han utilizado es la creación de una asociación civil que defiende y promueve el proyecto dentro de la comunidad, empieza a generar una corriente de opinión favorable a la empresa y empiezan a dividir el tejido social. Por otro lado, está la entrada de grupos paramilitares o de grupos armados, donde es muy difícil establecer el vínculo entre la empresa y estos grupos violentos y las asociaciones que crearon. Este patrón se da en todo el país y creo que es uno de los puntos más importantes, porque tenemos pocas herramientas para poder responsabilizar a la empresa, no hay ningún mecanismo que les obligue a respetar los derechos humanos. Además, se suma la impunidad en las agresiones hacia defensoras y defensores; y por otro lado el mismo sistema de justicia les criminaliza o se inventa delitos. Son las dos caras de la moneda, y es una dificultad muy fuerte en diferentes casos que acompañamos.
Responsabilidad de actores no estatales y políticas públicas de desarrollo
Neftalí: La empresa está jugando un papel muy importante en la división social comunitaria, no se involucra directamente pero exige al Estado que reprima, no a todo el estado en mayúscula, sino en ciertas partes o funcionarios. Además, se privilegia la inversión privada y este tipo de proyectos, la ley de las Zonas Económicas Especiales es un ejemplo. Cada vez hay una separación más fuerte entre las decisiones que toma el Estado hacia cierta obra o cierta actividad pública, y lo que la ciudadanía está pensando como una alternativa, como una ruta, como una solución. Esta situación se ve muy claramente en las leyes de las Zonas Económicas Especiales, donde se privilegia a un sector privado, económico y por otro lado se deja en total desprotección a la ciudadanía.
Marcos: Me parece que ya se están viendo los signos, sobre todo en la parte de las zonas económicas en Oaxaca, y tiene que ver con un tema de dar “seguridad a las inversiones”, que se traduce precisamente en una mayor presencia militar y policíaca en estos lugares. Por otro lado, también se percibe en los procesos de criminalización a los movimientos de resistencia, y esto se está traduciendo en campañas mediáticas, que van poniendo una parte de la sociedad en contra de otra, para así no generar procesos organizativos y sociales para la defensa del territorio. Son las mismas amenazas que veíamos en los años ochenta y noventa, con desapariciones, asesinatos, tortura, amenazas de muerte, allanamientos de oficina. Ahora lo que vemos es la intensidad de estas agresiones que vienen tanto del gobierno como de empresas transnacionales.
Seguir resistiendo, acciones desde lo comunitario
Neftalí: Muchas comunidades todavía tienen una vida comunitaria donde la Asamblea tiene un papel importante para la toma de decisiones, para informar a las personas; el proceso de resistencia es un proceso colectivo en donde el acceso a la información para tomar una decisión al respecto juega un papel muy importante. Además, ya sean comunidades agrarias o ejidos, mantienen una relación muy fuerte con otras comunidades vecinas a partir de la fiesta o intercambios, eso ya genera una construcción de una red de comunidades para la defensa del territorio. De ahí se desprende una serie de estrategias en donde la denuncia local, estatal y nacional juega un papel muy importante; también la documentación de violaciones de derechos, de agresiones o de la problemática; y la movilización social, no solamente la marcha, sino la movilización social en el sentido de que la comunidad empieza a movilizarse, a informarse y a platicar del tema, genera una asamblea o un foro, empieza una serie de acciones para esa defensa.
Marcos: Nosotros partimos de la premisa que no hay defensa territorial si no hay un sujeto local que lo emprenda. Nuestra tarea es ir creando el sujeto colectivo; en Oaxaca todavía tenemos comunidades organizadas, ya sea a través de su autoridad municipal, agraria, o comunal o de un comité. Hay comunidades a las que estos procesos de resistencia les han ayudado a tener una nueva relación con el territorio, es el caso de Paso de la Reina, en donde desde hace 10 años las personas adultas, los jóvenes, los niños y las niñas, se han reencontrado con el significado que tiene el río en su vida comunitaria. EDUCA no puede transformar solo la realidad, tenemos que juntarnos con otros y generar procesos de articulación.
Este artículo viene de nuestra útlima publicación, "Defender la Vida".
