Así lo ratificaron más de 30 pueblos y comunidades indígenas y campesinas de los Valles Centrales de Oaxaca, acompañadas por organizaciones y colectivos del estado, en el marco del Encuentro de los Pueblos de los Valles Centrales Contra la Minería denominado “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, evento que tuvo lugar el pasado 22 de Junio, día estatal de Rebeldía contra la minería, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, distrito de Ocotlán y que PBI acompañó.
El desarrollo del evento dio cumplimiento a los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, realizado en la comunidad de Magdalena Teitipac el pasado 23 de febrero de 2018. El encuentro tuvo los objetivos de: crear una estrategia para preparar el próximo juicio popular y comunitario contra la minería y refrendar la Declaratoria Regional de Valles Centrales contra la minería, donde las comunidades se posicionaron anteriormente, en contra de la actividad minera en el año 2015. El encuentro también fue un confluente de pueblos y comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca que defienden su territorio frente a proyectos mineros, específicamente en oposición del establecimiento de un “corredor minero” de más de 100.000 hectáreas concesionadas sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas; aquí, las personas compartieron, identificaron y diseñaron estrategias comunitarias para enfrentar las múltiples afectaciones sociales, ambientales y culturales, producto de la intervención de proyectos mineros en sus territorios.
Según organizaciones asistentes, actualmente en el estado de Oaxaca existen 322 concesiones para explotación de los recursos naturales, que se concentran principalmente en territorios de los Valles Centrales y la Costa Oaxaqueña. Por su parte, Servicios para una Educación Alternativa A.C. - EDUCA, organización acompañada por PBI en el estado de Oaxaca, recalcó que las múltiples concesiones otorgadas a empresas mineras generan un despojo masivo de tierras a las comunidades indígenas y que eventos como éste, son el resultado de los procesos que se vienen articulando desde el año 2008, cuando tuviera lugar el primero de estos encuentros.
Además de generar redes de información y trabajo regional conjunto entre diferentes sectores sociales, connotar el profundo respeto y consideración que se tiene por la naturaleza y sus recursos y diferenciar la visión de desarrollo, divorciada del concepto economicista del extractivismo, la relevancia del evento radicó en puntos específicos como el establecimiento de los acuerdos para desarrollar un juicio popular y comunitario en contra de la minería el próximo mes de Octubre, la firma de la “Declaratoria Regional No a los proyectos mineros”, documento construido, ajustado y firmado por los participantes, quienes determinaron colectivamente que “El agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe”. También se llevó a cabo la constitución de la “Asamblea Comunitaria en Defensa de la Vida No a la Minería” que como ente representante de las comunidades de los valles centrales se encargará de accionar legalmente frente a la intervención minera en dichos territorios.
Debido a que es una gran preocupación para PBI la situación de seguridad de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente (ver publicación Defender la Vida), es fundamental resaltar la legítima labor de muchas organizaciones que al igual que EDUCA, acompañan y abordan procesos de defensa de los derechos humanos de comunidades y pueblos, la soberanía de sus territorios y el respeto y cuidado de los recursos naturales a lo largo del territorio nacional.
Si bien el Estado mexicano ha adquirido una serie de compromisos en términos de normas y suscripción a tratados internacionales, la situación de riesgo para personas defensoras sigue siendo alta y los mecanismos de protección propuestos no parecen ser lo suficientemente eficaces a la hora de abordar la problemática (Ver informe “La deuda del Estado mexicano” del Espacio de organizaciones de la sociedad civil - Espacio OSC). Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó haber observado en la región “la ausencia de adopción e implementación de medidas efectivas de reconocimiento y protección para quienes defienden y promueven los derechos del territorio, medio ambiente y aquellos ligados al acceso a la tierra”.
Entre tanto, y actuando a petición de las organizaciones locales que acompaña, PBI seguirá trabajando en la protección y ampliación de lo espacios de trabajo de las personas y organizaciones que promueven derechos humanos y de tierra y territorio. Al mismo tiempo, PBI hace un llamado a las autoridades competentes a proteger y propender por el respeto de la labor, la seguridad y la vida de las personas defensoras que diariamente abordan esta problemática.