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Después de dos décadas de lucha, la comunidad rarámuri de Choréachi en la Sierra Tarahumara logró una sentencia importante a finales del 2018 dictando que los linderos de su territorio ancestral se respetaran y que los permisos de aprovechamiento forestal que se otorgaron a núcleos agrarios ilegalmente, se invalidaran. La problemática social sufrida por la comunidad indígena de Choréachi es un caso emblemático que demuestra el vínculo entre la discriminación racial estructural que viola los derechos humanos de los pueblos indígenas en México y facilita el despojo de los recursos naturales en sus territorios sin consulta previa, libre ni informada.

Exclusión histórica y estructural

Ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo en la Sierra Tarahumara a 510 kilómetros de la capital del estado de Chihuahua, la comunidad de Choréachi hace parte del pueblo rarámuri.[1] Durante siglos, las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara han sido discriminadas históricamente por el sistema jurídico mexicano y su legislación excluyente. Aunque la Constitución Mexicana estipula el acceso preferente de los pueblos indígenas a los recursos naturales que existen dentro de sus territorios y el derecho a la consulta previa, libre e informada,[2] la reforma agraria que se llevó a cabo en el año 1923 no consideró la organización territorial de los pueblos indígenas de dicha región serrana. Esto se volvió a repetir siete décadas después, en la reforma agraria del año 1992.[3]

Sus derechos constitucionales no impidieron que agentes federales del estado mexicano facilitaran la superposición de los linderos de una comunidad agraria, Colorada de los Chávez, dentro de este territorio ancestral y además, les otorgaran permisos de explotación forestal.[4] Esta serie de negaciones ha resultado en que el territorio étnico cultural de comunidades indígenas como la comunidad rarámuri de Choréachi se mantuviera en un estado de vulnerabilidad permanente y han facilitado el despojo de los bienes materiales e inmateriales de esta comunidad. Estos hechos han invisibilizando sus derechos constitucionales y han negado su derecho de tener una consulta previa, libre e informada sobre los recursos naturales que existen en su territorio, especialmente de sus bosques.

Desde el 2007, el contexto de violencia en la Sierra Tarahumara se incrementó de forma drástica.[5] Su aislamiento geográfico, combinado con su posicionamiento cerca de la frontera con Estados Unidos y la poca presencia del estado, han contribuido a la fuerte presencia del crimen organizado, quienes aterrorizan la población y utilizan estas sierras remotas para cultivar amapola y marijuana. En particular, esta persecución violenta se ha dirigido en contra de defensores de tierra, territorio y bienes naturales.

Durante viente años los habitantes de la comunidad Choréachi ejercieron su legitima labor en defensa de su territorio, luchando por la anulación de los linderos ilegales y las licencias forestales que se dieron a dicha comunidad agraria. Como consecuencia de esta lucha, los integrantes de la comunidad de Choréachi han sido blancos de amenazas, hostigamientos, mientras otros han sido desplazados por la violencia en su comunidad. En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la comunidad de Choréachi.[6] A pesar de estas medidas, tres integrantes de la comunidad han sido asesinados. El asesinato de Juan Ontiveros Ramos, un defensor comunitario, en enero de 2018 ha sido el más reciente. Este vil asesinato vuelve a demostrar el incumplimiento por parte del estado mexicano de proteger a defensores indígenas de derechos humanos. Como PBI, valoramos que es sumamente importante que haya una protección integral, no solo para los beneficiarios de medidas de protección, sino para toda la comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, para que puedan vivir libre de violencia y conflicto.

La situación actual

En 2018, el Tribunal Superior Agrario (TSA) reconoció por unanimidad, el territorio de la comunidad rarámuri de Choréachi con una superficie de 32,832 hectáreas y también ratificó su derecho a los bienes naturales que existen dentro de este territorio.[7] Esta resolución implica que otras comunidades agrarias y empresas privadas están impedidos de explotar el bosque. A pesar de esto, la comunidad de Choréachi sigue a la espera de la implementación de esta sentencia, para que puedan gozar de su territorio plenamente.

Aunque la comunidad de Choréachi haya ganado esta sentencia, en Chihuahua se suman más de 36 personas defensoras asesinadas desde el 1973, en particular, 14 de estos asesinatos han sido defensores de tierra, territorio y bienes naturales de la Sierra Tarahumara.[8] Isidro Baldenegro y Julián Carrillo quienes fueron asesinados en 2017 y 2018 respectivamente, también fueron defensores rarámuris de la comunidad Coloradas de la Virgen, ubicado en el mismo municipio de Guadalupe y Calvo. PBI acompaña a la organización de derechos humanos, Alianza Sierra Madre A.C., quienes han estado al lado de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara durante mas de dos décadas y han luchado conjuntamente para sus derechos se respeten.