Debido a su situación de riesgo, PBI acompaña al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte desde el año 2013. El centro fue el primer acompañado del entonces nuevo equipo de PBI en el Norte de México.
El Centro de Derechos Humanos Paso Del Norte, ubicado en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), fue fundado en 2001 por el sacerdote Óscar Enríquez Pérez para atender los derechos humanos en la región.
Los miembros de la organización empezaron su labor en medio de un contexto de violencia contra mujeres, ejecuciones, corrupción de las fuerzas de seguridad pública y un clima de impunidad. En este entonces, el Centro surgió como un espacio para asesorar y orientar a la comunidad local sobre sus derechos civiles. Ahora, las áreas principales de la labor del Centro son la defensa integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, con un enfoque en casos de tortura y desaparición forzada, así como la incidencia pública y política en estos temas. Con su trabajo, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte contribuye a una cultura de la legalidad y promoción de respeto a los derechos humanos en Ciudad Juárez.
El Centro de Derechos Humanos Paso Del Norte cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogas, abogadas, sociólogas y trabajadoras sociales. El Centro y sus integrantes enfrentan un riesgo elevado por su legitima labor de defensa de los derechos humanos que ha sido reconocido tanto por la sociedad civil mexicana como por la comunidad internacional.
Militarización y derechos humanos en Ciudad Juárez
A partir del 2008, con la militarización de Ciudad Juárez en el marco de la estrategia de seguridad del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada, el Centro constató muchas violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos militares: detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, allanamientos y cateos, así como ejecuciones extrajudiciales.
Durante este periodo, el Centro Paso del Norte, junto con siete organizaciones de la sociedad civil y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presentaron en 2018 una comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI) con el objetivo de brindar información veraz sobre la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en el estado de Chihuahua entre 2008 y 2010. La comunicación destaca un total de 35 casos y 120 víctimas directas de crímenes de lesa humanidad en su modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas, cometidos dentro del “Operativo Conjunto Chihuahua” que se implementó en este estado desde inicios de 2008. Mientras se desarrolló este operativo, la violencia incrementó de forma drástica en la zona: según las estadísticas oficiales, el número de muertes violentas (ejecuciones) en el estado incrementó de 2005 (517) a 2008 (2,600), y llegó a su máximo 2010 (6,407). De acuerdo con la comunicación, los militares, pero también las autoridades federales, estatales y locales cometieron de forma sistemática crímenes graves que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, de competencia de la Corte Penal Internacional, por su carácter sistemático y organizado. Hasta la fecha del 2018, sus más altos responsables no habían sido investigados, procesados, o sancionados por el sistema de justicia civil mexicano.
En 2019, la militarización y violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad siguen vigentes en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, tanto como que en México en general.
Un acompañamiento integral a casos de tortura y desapariciones forzadas
El Ejército fue reemplazado por la policía federal en el 2010 pero, según el Padre Óscar, “cuando veíamos a los jóvenes que estábamos defendiendo, todos habían sido golpeados, lo cual nos dejaba claro que era un patrón de operación de la policía”1. Las quejas en contra de la policía y del Ejército se incrementaron pero no había ninguna organización asumiendo casos. El Centro de Derechos Humanos Paso Del Norte decidió llenar ese vacío y acompañar procesos de violaciones cometidas por las fuerzas armadas y policiacas.
Los casos que lleva el Centro son manejados integralmente: brinda asesoría jurídica y atención psicosocial a las personas que acuden al Centro buscando apoyo en situaciones de violación a sus derechos. Asimismo, la organización lleva a cabo un trabajo de capacitación sobre derechos que permite la organización de las personas en las comunidades para defender sus derechos.
En noviembre 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor del Caso Alvarado, uno de los casos más emblemáticos representados jurídicamente por el Centro: el caso de la desaparición forzada de los tres primos de la familia Alvarado durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en 2009, donde la Corte reconoció la responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición, así como la responsabilidad del Estado mexicano por faltas a la hora de llevar a cabo una investigación adecuada. La Corte falló así a favor de la familia Alvarado y en contra el Estado Mexicano.
La situación de desapariciones forzadas en México sigue siendo muy preocupante: el gobierno reconoció a principios de febrero 2019 la existencia de más de 40,000 personas desaparecidas en el país y de una “crisis humanitaria” referido a las violaciones a derechos humanos. La casi totalidad de los casos siguen impunes.
Una organización en situación de riesgo por su labor de defensa de casos de tortura y desapariciones forzadas
Debido a su labor de defensa de los derechos humanos, el Centro ha sido blanco de hostigamiento y amenazas por parte de autoridades estatales y federales.
En 2011, sufrieron un allanamiento por parte de la policía federal, cuando 20 efectivos de esa corporación entraron a sus oficinas, revisaron archivos y causaron daños al local; el incidente generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El allanamiento se dio una semana después de la audiencia del caso “Coche bomba”, un caso emblemático que Paso Del Norte estaba litigando: en 2010 cinco personas detenidas “fueron torturadas de diferentes formas con el fin de que aceptaran los cargos de la explosión del coche bomba, delincuencia organizada, así como tráfico de drogas y armas». Después de una recomendación de la CNDH en 2011 y un proceso judicial en el que se aplicó el Protocolo de Estambul que salió positivo, demostrando que los detenidos habían sido víctimas de actos de tortura, se consiguió la liberación de los cinco detenidos del caso “Coche bomba”.
Desde entonces, la organización, sus integrantes y los familiares de los casos que acompañan volvieron a sufrir actos de agresión, hostigamiento, vigilancia, y amenazas. Los integrantes de Paso Del Norte denuncian que su nivel de riesgo es alto debido a las quejas que han interpuesto contra elementos de las fuerzas de seguridad.
Para más información sobre el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y el contexto en Chihuahua véase:
- la página Facebook del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
- su página web Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
- su Blog Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
- la entrevista con Silvia Méndez, del CDH Paso del Norte en el marco de los 15 años de PBI en México (2016)
- la entrevista “Con la llegada del Ejército y de la Policía Federal Preventiva a la ciudad, las violaciones a derechos humanos se dispararon” con Diana Morales, del CDH Paso del Norte en la publicación ¿“México en Paz”? estrategia de seguridad y derechos humanos de PBI México (2014)
- el primer capitulo del “Panorama de la Defensa de los Derechos Humanos en México” publicado por PBI México (2013)