Ciudad de México, 27 de septiembre de 2016.– A dos años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la sociedad civil mexicana marcó la fecha con actividades por todo el país, vinculadas por la exigencia paralela por la presentación con vida de los estudiantes. PBI acompañó la marcha que en la Ciudad de México reunió miles de personas y que terminó con un mitin en el Zócalo donde los padres y madres de los estudiantes resaltaron la falta de voluntad política demostrada por el Gobierno mexicano para presentar avances en la búsqueda y en las investigaciones.
Según los familiares y las organizaciones civiles que los acompañan, durante casi dos años, el gobierno mexicano ha insistido en la “verdad histórica”, una tesis que sostiene que los 43 estudiantes desaparecidos fueron secuestrados por el crimen organizado e incinerados en un basurero en Cocula, un municipio cercano a Iguala. Sin embargo, esa tesis fue cuestionada por varios expertos nacionales e internacionales, entre ellos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final sobre el caso. De forma similar, los resultados de un experimento científico recientemente llevado a cabo, rechazó igualmente la posibilidad de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Apoyada por numerosas preocupaciones expresadas al nivel nacional e internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró iniciar la implementación de un Mecanismo de Seguimiento a las recomendaciones del GIEI. Este mecanismo tendrá que garantizar el seguimiento por parte de las autoridades a las recomendación por el GIEI y a la medida cautelar que emitió la CIDH.
Sin embargo, tanto al nivel nacional como internacional, organizaciones de derechos humanos y otras instituciones siguen denunciando la falta de avances en la investigación por parte del estado mexicano. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recientemente emitió un comunicado mencionando que el Caso Iguala es “un expediente abierto” y que los hechos ocurridos “no pueden quedar impunes ni deben olvidarse”. De las 47 recomendaciones emitidas por la CNDH en torno a la investigación del caso, sólo 8 se encuentran totalmente atendidas por la Procuraduría General de la República (PGR), mientras 29 en vías de atención, según un comunicado de esa última institución.
Amnistía Internacional advierte que la respuesta del gobierno al caso “ilustra la insensata actitud que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos”, según lee el comunicado que emitió la organización el 21 de septiembre. “Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen.”
El mismo día, la Unión Europea publicó un documento en el cual se subraya la importancia de resolver el caso Iguala y otros casos emblemáticos para que el gobierno mexicano pueda recuperar su credibilidad. Según este informe, la “credibilidad del Gobierno se ha visto gravemente dañada tanto dentro como fuera de sus fronteras, en particular después de la publicación del informe final del Grupo de expertos independientes sobre el caso de Iguala, que desechaba el discurso oficial sobre la muerte de los 43 estudiantes desaparecidos y arrojaba dudas sobre la investigación”.
En una visita a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, el representante de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidos en México, Jan Jarab, expresó su admiración y simpatía con los padres de los normalistas, quienes desde hace dos años han tenido un papel clave para que asegurar que se siguiera con la investigación. Aunque aplaudió el hecho que se abrieron nuevas lineas de investigación en el caso, enfatizó que el caso no queda esclarecido y que no puede quedarse impune, y que desde la oficina van “evidentemente a seguir el proceso”. Por último, remarcó la importancia de contar a la mayor brevedad posible con una ley general sobre la desaparición de personas que recoja la voz de las víctimas.
