El pasado 28 de abril la Comisión Europea anunció, tras una llamada telefónica entre el comisario Phil Hogan y la ministra de economía mexicana, Graciela Márquez Colín, la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Global México-Unión Europea.1 Este acuerdo comercial, cuyas negociaciones habían permanecido congeladas desde mediados de 2018, ha sido finalizado en un momento en el que la atención de la sociedad civil está centrada en responder a los desafíos que supone la pandemia por covid-19 con poca capacidad de reacción y oposición. Cabe recordar que el Acuerdo Global no es un tratado comercial exclusivamente, sino que este último forma parte de una estructura que detalla las relaciones entre la UE y México en temas tan variados como lucha contra el cambio climático o derechos humanos.

Pese a que todavía no se conocen los detalles concretos del Acuerdo Global –que serán votados en el Parlamento Europeo y el Consejo- es preciso recordar las obligaciones en materia de derechos humanos de las corporaciones y fondos europeos que desarrollan una labor económica en México. Organizaciones de la sociedad civil europea han expresado preocupación sobre varios aspectos del acuerdo, incluso la posibilidad de que facilite la erosión de decisiones democráticas por parte de empresas transnacionales.2 Actualmente, observamos con preocupación cómo las restricciones a la libertad de movimientos impuestas como consecuencia de la situación de pandemia han sido aprovechadas para un inicio y continuación de megaproyectos controvertidos en el Corredor Transístmico y en el llamado “Tren Maya”.3 El derecho de consulta indígena, así como las evaluaciones adecuadas de impacto ambiental, son derechos de las comunidades y requisitos prescriptivos para la realización de estas macro inversiones que no pueden obviarse aprovechando las dificultades de la población civil para manifestar de forma activa su oposición.

Desde PBI, y en cooperación con otras organizaciones y redes de las que formamos parte, como la Red EU-LAT o Protect Defenders, llevamos a cabo una intensa labor de visibilización a través de reuniones con el Servicio Exterior de la Unión Europea, europarlamentarios y la Delegación de la UE en México con el objetivo de informar a la comunidad internacional sobre las vulneraciones a los derechos humanos que se están produciendo y empujar para que no queden impunes. Es fundamental seguir trabajando para que las personas defensoras de derechos humanos puedan seguir realizando su labor, y desde PBI trabajamos para llevar cada vez más la voz de las defensoras y defensores mexicanos a los espacios de toma de decisiones en Bruselas o Ginebra.