Crédito de la foto: Reforma
Durante los últimos meses, PBI junto con varias otras organizaciones nacionales e internacionales, hemos llamado la atención sobre el riesgo extraordinario en que viven las personas quienes defienden su territorio en contra de proyectos económicos en México y por toda la región de América Latina. Durante las últimas semanas en México estas advertencias se han convertido en realidad, y lamentablemente, la situación que prevenimos se ha empezado a llevar a cabo.
En México, como muchos países de la región, hay una riqueza impresionante de recursos naturales, y las políticas neoliberales que privilegian la explotación de estos recursos encima de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, han provocado conflictos y violencia en muchas partes del continente. Aunque hay diferencias entre los países y sus gobiernos, la tendencia del aumento de conflictividad territorial se ve reflejada en todos los contextos.
En la madrugada del 20 de febrero de 2019, Samir Flores, defensor de derechos humanos náhautl, comunicador comunitario del municipio de Temoac, e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Tlaxcala y Puebla fue asesinado con dos impactos de arma de fuego. Samir Flores era líder de la oposición en contra del Proyecto Integral Morelos, que consiste en la construcción de un gasoducto y dos termoeléctricas por parte de empresas transnacionales. Las comunidades de la región se han opuesto a la construcción de este proyecto por los impactos negativos al medio ambiente y a la salud que implica su construcción. En este marco, las comunidades rechazan la iniciativa de una consulta sobre el proyecto por parte del gobierno.
Este asesinato ocurre en el contexto de un aumento de ataques en contra de personas defensoras desde la toma del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una difamaciones en contra de personas defensoras que les señalan como “opositores al desarrollo” y a los proyectos que el gobierno propone para los territorios. Desde PBI promovemos una narrativa positiva sobre el aporte de las personas defensoras a sociedades democráticas y pacíficas donde los derechos humanos se respetan y se protejan. Sin personas defensoras, no hay derechos humanos.
Según el Espacio_OSC se han registrado 14 asesinatos de personas defensoras y periodistas en México desde diciembre 2018 hasta la fecha. PBI expresa profunda preocupación por esta situación y exige que las autoridades mexicanas tomen medidas para asegurar que las personas defensoras de las tierra y territorio puedan seguir con su importante labor en condiciones de seguridad.