En este, el Grupo de Trabajo concluye que las personas defensoras deben estar mejor protegidas para que puedan desempeñar su función, y advirte de un contexto caracterizado por casos generalizados de intimidación y acoso contra dirigentes comunitarios que protestan contra proyectos y operaciones empresariales.
El grupo recomienda al Estado mexicano fortalecer el mecanismo nacional de protección a personas defensoras y periodistas mediante la realización de investigaciones y la aplicación de sanciones efectivas a los responsables de las agresiones; misma línea que el “Espacio OSC” (que da seguimiento a la implementación del Mecanismo Nacional) propone.
Ante el presidente del Consejo, PBI expresó preocupación por el aumento de la violencia y criminalización contra personas que defienden los derechos a la tierra, territorio y medioambiente, especialmente aquellas que se oponen a la industria extractiva y de explotación de los recursos energéticos.
Así mismo, hicimos un llamado de atención sobre la necesidad de establecer medidas de protección diferenciadas teniendo en cuenta género y etnicidad, y de mejorar la coordinación entre las entidades responsables de la implementación de las medidas asignadas involucrando a las autoridades del nivel estatal y municipal.
PBI saludó la presentación del informe e instó a autoridades estatales y federales a hacer una declaración pública de cero tolerancia ante los ataques que enfrentan las personas defensoras e iniciar una campaña de reconocimiento como lo establece la recomendación nº 25 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La sociedad civil mexicana hizo un llamado al Estado mexicano para que se reuna con las organizaciones de la sociedad civil para el diseño de una estrategia participativa, transparente y pública para el seguimiento a las recomendaciones generales y de los casos del Informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.