La visita tuvo por objetivo continuar con la supervisión en el avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y las medidas estructurales de no repetición.
En su comunicado de prensa, la delegación enunció los principales avances entregados por parte del Estado mexicano durante la segunda visita, y expresó preocupación ante la falta de prontitud en alcanzar conclusiones en actividades de búsqueda y en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI.
La delegación, compuesta por la Relatora de la CIDH para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão; y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, se reunió con familiares de los estudiantes y sus representantes, así como con altos funcionarios del Gobierno mexicano.
Entre las varias observaciones realizadas por parte del equipo de la Comisión, se reconoció el progreso relacionado con la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada recientemente, y se instó al Estado mexicano “a dar pasos decisivos para contar con una legislación en materia de desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y cuente con el indispensable respaldo de las familias y organizaciones que les acompañan”.
Días después de finalizada la visita, el 25 de abril, organizaciones como el Centro de derechos humanos de La Montaña-“Tlachinollan” y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón -ambas OSC acompañadas por PBI- realizaron una marcha para exigir el avance en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, a 31 meses de ocurrida la desaparición de los estudiantes.
Ambas organizaciones a través de un comunicado reprobaron el trato recibido a los familiares en el marco de sus acciones de conmemoración y exigencia de justicia, y recalcaron la necesidad de impulsar las líneas de investigación recomendadas por el GIEI y por el Mecanismo Especial de la CIDH para el seguimiento del caso.