Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho pública la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas del estado de Guerrero. Los defensores de los bosques fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999, a manos de miembros del Ejército, por su activismo ambiental.
La sentencia contiene varias medidas que el estado tendrá que cumplir, de las cuales destaca: Investigar en la justicia ordinaria las torturas sufridas por Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, cubrir los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes, fortalecer el funcionamiento del registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos a las personas detenidas y reformar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos humanos. Sobre este último, la Corte puntualizó que dicha “conclusión se aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos”.
Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que lleva el caso de los ecologistas, esta declaración de la Corte representa una crítica de la reacción del estado mexicano a sentencias previas de la Corte que han exigido una reforma de la jurisdicción militar. Dicen que esta sentencia muestra que “la iniciativa presentada por el Presidente Calderón el pasado 18 de octubre en la materia [de reformar el Código de Justicia Militar] no satisface lo establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos basta para cumplir con las órdenes de la Corte IDH.”
La sentencia representa la quinta vez, en poco más de un año, que la Corte Interamericana ha condenado al Estado mexicano por violaciones de derechos humanos y falta de acceso a justicia. Aparte del caso, denominado ‘Campo Algodonero’, de los feminicidios en el estado de Chihuahua, los demás casos han enfocado en abusos por parte del ejército mexicano en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero: la desaparición forzado de Rosendo Radilla, las violaciones de Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega, y este caso de los ecologistas.
Para más información sobre esta sentencia, véase el comunicado del Centro Prodh
<media 6962>Descargue la reciente publicación de PBI México: El Estado Mexicano Ante La Corte Interamericana (pdf)</media>