Miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me'Phaa (OPIM), organización acompañada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI, en sus siglas en inglés) con sede en Ayutla de los Libres (Guerrero), han denunciado recientemente haber recibido nuevas agresiones en su contra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoció que las personas que trabajan en organizaciones indígenas de esta región están expuestas a un riesgo grave por lo que otorgó medidas provisionales a favor de integrantes de la OPIM y otras organizaciones de la región en abril 2009.

El 24 de agosto de 2011, Justino Santiago García, uno de los beneficiarios de las medidas provisionales de la CoIDH, fue agredido en las oficinas de la OPIM mientras varios integrantes de la organización estaban reunidos. La víctima escuchó durante la noche que llamaban a la puerta y al abrirla dos hombres le sujetaron y le dijeron: “A ti te andamos buscando pendejo para matarte, sal de la casa, te vamos a matar”. Identificó a los agresores como Romualdo e Isidoro Remigio Cantú, este último le habría apuñalado con una navaja hiriéndole en el brazo. Al gritar pidiendo ayuda, acudieron  integrantes de la OPIM y ambos agresores huyeron. Justino Santiago García recibió primeros auxilios pero por temor a otro ataque no acudió al Hospital General de la localidad hasta el día siguiente. El 26 de agosto fue presentada una denuncia ante el Ministerio Público situado en Ayutla de los Libres.
Estos hechos ocurrieron en el contexto de la elección del también integrante de la OPIM Crisóforo Manzanares Lorenzo como Comisario Municipal de El Camalote en febrero de 2011, en la que Justino fue escogido como su suplente. Desde entonces están sufriendo hostigamientos y amenazas por lo que Crisóforo no ha podido hacer uso efectivo de su cargo.

Estos hechos no son singulares, pues los miembros de la OPIM han sido objeto de constantes agresiones en los últimos meses. El pasado seis de junio, en las puertas de su oficina en Ayutla, un grupo de soldados impidió el paso a Obtilia Eugenio Manuel (presidenta de la organización), a Cuauhtémoc Ramírez Rodriguez (secretario) así como a otros integrantes. Obtilia fue además golpeada por los soldados.

Diez días después, ambos recibieron un escrito que contenía amenazas en su contra y en el que se mencionaba a sus asesores jurídicos, los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Tanto Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez Rodriguez como algunos de los integrantes de Tlachinollan son beneficiarios de medidas provisionales de la CoIDH.

Por último, el 29 de junio, Rafael Rodríguez Dircio, otro integrante de la OPIM beneficiario de medidas de la CoIDH fue detenido. Posteriormente, el 5 de julio, fue puesto en libertad por el Juez de Primera Instancia de Ayutla de los Libres al no encontrarse pruebas en su contra para ser procesado. La acusación que enfrentaba se basaba en evidencias que habían sido desestimadas por diversos tribunales de forma reiterada. Rafael Rodríguez Dircio se declaró inocente y explicó que esta acusación busca básicamente frenar su trabajo en la OPIM

PBI acompaña a los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan  desde 2003 y a la Organización del Pueblo Indigena Me`phaa (OPIM)  desde febrero de 2005.

Para más información sobre las amenazas ver la Acción Urgente  emitida por El CDHM Tlachinollan