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PBI México: PBI expresa su profunda preocupación sobre las difamaciones y vigilancia en contra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el marco de su defensa de las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

PBI México: PBI expresa su profunda preocupación sobre las difamaciones y vigilancia en contra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el marco de su defensa de las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

15 de diciembre, 2014

El 8 de diciembre de 2014, el periódico digital Reporte Índigo publicó un artículo basado en información supuestamente filtrada del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que vincula a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan con “grupos subversivos” del Estado de Guerrero.1 Según el artículo, el CISEN tiene fichado al director del CDHM Tlachinollan, Abel Barrera y al abogado y director del Área Jurídica, Vidulfo Rosales Sierra considerándolos “radicales y un peligro para la gobernabilidad” del país. El mismo artículo menciona a varias otras organizaciones de la sociedad civil Guerrerense que supuestamente son vigiladas y fichadas por el CISEN, entre ellas la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), acompañada por PBI desde el 2005.

Asimismo, el 10 de diciembre de 2014, el Secretario de la Marina (SEMAR), Vidal Francisco Soberón declaró durante una entrevista pública que las organizaciones que acompañan a las familias de los desaparecidos en realidad les están manipulando, que buscan beneficios para si mismas con la intención de alcanzar objetivos individuales.2

Luego, el 14 de diciembre, mientras los padres de los estudiantes desaparecidos, junto con otros Normalistas realizaban las preparaciones para un concierto “Luz en la Oscuridad” fueron agredidos supuestamente por cinco elementos de la Policía Federal que se encontraban en estado ebrio. Según la información recibida, en varios ocasiones los elementos de la policía federal acudieron al lugar donde se encontraban los familiares y otros normalistas y les agredieron verbalmente, les apuntaron con armas de fuego, lanzaron objetos como piedras, y dispararon gases lacrimógenos. Varias horas después de los incidentes, los policías se retiraron del lugar dejando varias personas heridas.3

En noviembre 2014, el CDHM Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón fueron difamadas y desacreditadas públicamente por parte de las autoridades del estado de Guerrero. Estas tres organizaciones asesoran a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa durante los incidentes de la noche del 26 al 27 de septiembre 2014.4

PBI acompaña el CDHM Tlachinollan desde el 2003 debido a su nivel de riesgo vinculado con su labor de defensa de los derechos humanos. Cabe destacar que el abogado Vidulfo Rosales Sierra tuvo que abandonar el país temporalmente en el 2012 tras recibir amenazas ligadas a la defensa de estudiantes de la misma Normal Rural de Ayotzinapa. Debido a su nivel de riesgo extraordinario, el abogado Rosales Sierra cuenta con Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Varias organizaciones y expertos internacionales han reconocido las condiciones adversas en las cuales laboran las personas defensoras en México y los obstáculos que enfrentan para desarrollar su labor como defensores de los derechos humanos.5

Dentro de este contexto y ante las preocupantes afirmaciones sobre vigilancia llevada a cabo por el CISEN, asi como por las difamaciones por parte de la SEMAR, y los actos de agresión de la policía federal, PBI expresa su profunda preocupación por la integridad física y psicológica de los integrantes del CDHM Tlachinollan y en particular, el abogado Vidulfo Rosales Sierra y el director Abel Barrera. PBI considera que estas difamaciones y vigilancia ponen aún más en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos de las antes-mencionadas organizaciones y obstaculizan su legítima labor.

PBI exige a las autoridades federales y estatales tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica del director Abel Barrera y del abogado Vidulfo Rosales Sierra, así como los otros integrantes del CDHM Tlachinollan, la OPIM, la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos y del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. Asimismo PBI insta a las autoridades competentes de garantizar la integridad física y psicológica de los familiares de los estudiantes desaparecidos, permitiéndoles seguir en su búsqueda de justicia y en su lucha contra la impunidad.

1 Reporte Indigo “Ficha CISEN a abogado de Normalistas “ 8 de diciembre de 2014 www.reporteindigo.com/reporte/mexico/ficha-cisen-abogado-de-normalistas

2 El Universal: “Padres de Normalistas están siendo manipulados: SEMAR” 10 diciembre 2014 www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/normalistas-desaparecidos-guerrero-elecciones-iguala-ayotzinapa-semar-vidal-francisco-soberon-1060913.html

3 Tlachinollan Comunicado 14 Diciembre 2014: www.tlachinollan.org/comunicado-agrede-policia-federal-estudiantes-y-familiares-de-desaparecidos-de-ayotzinapa-durante-la-preparacion-de-jornada-cultural/

4 Fundar: fundar.org.mx/aumentan-niveles-de-riesgo-declaraciones-de-gobernador-interino-de-guerrero-contra-defensores-de-derechos-humanos-del-estado/

5 Amnestia Internacional: www.amnesty.org/es/library/asset/AMR01/003/2014/es/b9204347-78cc-4149-8e9e-31a6c2422eee/amr010032014es.pdf y Misión de Observación Civil: www.pbi-mexico.org/los-proyectos/pbi-mexico/noticias/news/