Mediante la Resolución de fecha 25 de marzo de 2017, la Corte Interamericana de derechos humanos se pronunció sobre la solicitud de medidas provisionales a la comunidad de Choreachi en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, ordenando al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección a la comunidad de Choréachi.

La solicitud fue presentada por la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) y organizaciones de la sociedad civil como ASMAC, CEDEHM, CONTEC, y Abogados y abogadas por la Justicia y los Derechos Humanos.

Dichas organizaciones realizaron un pronunciamiento conjunto en donde señalan que “la resolución de la Corte Interamericana llega en un momento fundamental en Chihuahua, en donde es urgente, necesaria e impostergable la coordinación de los tres niveles de gobierno (especialmente del estatal y el federal) para que exista una verdadera seguridad en la zona, que no haya más pérdidas humanas y la comunidad esté protegida”.

En el mismo comunicado, las organizaciones recuerdan los asesinatos de personas defensoras en la región ocurridos los últimos años, entre ellos el de Juan Ontiveros Ramos, asesinado el 31 de enero de 2017, quien era comisario de policía de Choréachi y había viajado a la Ciudad de Chihuahua unos días antes para participar en una reunión con autoridades sobre la situación de seguridad y el conflicto territorial y ambiental de la comunidad.

Durante la 34º sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en marzo de 2017, PBI e Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) expresaron su preocupación por la situación de derechos humanos en la Sierra Tarahumara.

Michel Forst, el Relator Especial para la situación de las personas defensoras, destacó en esta sesión el empeoramiento de la situación de las y los defensores ambientales; y cabe señalar que en su informe de cierre de misión en México, en enero de 2017, ya había expresado su preocupación «en particular los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades“.

El 9 de abril de 2017, veintidos organizaciones de la sociedad civil en Chihuahua realizaron un pronunciamiento en relación a la violencia en la Sierra Tarahumara en donde solicitan “se proteja la vida de los pobladores de la Sierra Tarahumara, se garantice su seguridad y el pleno respeto a sus Derechos Humanos”.