Desplazamiento forzado: no reconocido ni atendido en Chihuahua

El desplazamiento forzado interno sigue siendo invisibilizado y no atendido de manera adecuada en México. En el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que “En México decenas de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como una medida reactiva o preventiva para evitar ser víctimas de la violencia y riesgo que existe en diferentes entidades del país. Ante el temor a que la violencia aumente y las consecuencias sean fatales para sus vidas, se ven forzados a tomar medidas extremas como escapar y dejarlo todo. De no hacerlo, su vida y la de su familia podrían estar en grave peligro.” Destacan a Chihuahua como uno de los estados donde mas se detecta episodios de desplazamiento forzado interno.

Al iniciar el mes de septiembre durante la visita de la Relatora Especial de los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas de las Naciones Unidadas, Cecilia Jiménez-Damary, las organizaciones de la sociedad civil del estado de Chihuahua, tuvieron la posibilidad de compartir la preocupante situación de las personas desplazadas internamente en el estado y sus causas. La relatora se reunió en dos ocasiones con organizaciones y víctimas y tuvo la oportunidad visitar a Baborigame, localidad del Municipio de Guadalupe y Calvo en la Sierra Tarahumara donde escuchó los testigos de primera mano en el mismo lugar. Este desplazamiento lo realizó junto a Alianza Sierra Madre A.C., organización acompañada por PBI, que acompaña comunidades del municipio en el ejercicio de sus derechos humanos. Dentro de esta misión acompañan casos de personas desplazadas internamente, igual los integrantes de la propia organización son víctimas del fenómeno, lo cual impacta de manera directa sobre su labor de defensa de los derechos humanos.

El 3 de septiembre el equipo norte de PBI México estuvo presente en el Palacio de Gobierno de Chihuahua durante el Foro Internacional del XX Aniversario de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. El foro se dio en el marco de la visita de la Relatora, invitada por el Estado de Chihuahua. El foro se organizó en colaboración de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y autoridades del gobierno chihuahuense como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI), así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Hubo una importante participación por parte de las autoridades estatales con la presencia del gobernador Javier Corral Jurado y el fiscal Cesar Peniche Espejel entre otras. A nivel internacional estuvieron presentes representantes de la ONU, la Cruz Roja y otras personas expertas internacionales sobre la temática.

Durante el foro las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de desplazamiento forzado pudieron compartir públicamente sus preocupaciones l con las autoridades estatales y la comunidad internacional. Según la Comisión Mexicana de defensa y promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) la cifra de personas internamente desplazadas en México por la fuerza hasta diciembre 2017 fue 329.917, siendo Chihuahua uno de los 12 estados con mayores casos de éste fenómeno. En el contexto de Chihuahua en 2017 se dieron tres eventos de alta magnitud en dos municipios de la Sierra Tarahumara (Guadalupe y Calvo y Madera).

La semana anterior, víctimas del desplazamiento forzado, acompañadas por la CEAVE, elementos de fuerzas de seguridad de la fiscalía e integrantes de las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) realizaron una visita a la comunidad El Manzano en el municipio de Urique/Uruachi. Según el articulo “El desplazamiento forzado no cesa en la Sierra Tarahumara”, de la periodista chihuahuense Patricia Mayorga del medio Proceso; siendo ella misma víctima del desplazamiento forzado por el alto riesgo de su labor en Chihuahua, tal visita fue motivo suficiente para el homicidio de dos personas en la Sierra Tarahumara (comunidad Monterde). Evento que muestra que Chihuahua sigue siendo un estado de alto riesgo para personas defensoras de derechos humanos y víctimas del desplazamiento forzado interno.

El gobernador manifestó la voluntad de atender la problemática a través de varios compromisos que incluye la creación de políticas públicas partiendo de un diagnóstico estatal para atender de manera integral las necesidades de las personas desplazadas y el establecimiento de un protocolo de seguridad para un retorno seguro y voluntario.

La Relatora Jiménez-Damary por su parte, manifestó la necesidad de afrontar la problemática en conjunto con las autoridades federales. Lo último con el objetivo de que resulte en una visita oficial por el Gobierno de la República Mexicana el año que viene que reconozca de manera oficial la problemática a nivel nacional. PBI acompaña la preocupación por la situación de las personas desplazadas internamente de las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua y subraya el impacto negativo que tiene el fenómeno en la labor de defensa de los derechos humanos.