El preocupante contexto electoral

El 1 de Julio 2018 tendrán lugar las elecciones generales en México, que además de determinar la presidencia para los próximos 6 años, coinciden con varias elecciones locales. Serán las elecciones más grandes de la historia de México, con la elección de más de 3,400 cargos.

En los últimos meses, se ha observado un aumento de violencia sin precedentes en el país. La cifra de carpetas de investigación por homicidio doloso es la más alta de los últimos 20 años según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Y adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre la violencia específica en el marco del proceso electoral en México que está afectando especialmente a personas que asumen o asumieron cargos políticos, personas afiliadas a partidos políticos y candidatos. Actualmente, se estima en 102 el número de asesinatos de políticos principalmente a nivel local.

Asimismo, en los estados con tasas altas de violencia como Guerrero o Oaxaca, se registra un número de asesinatos políticos especialmente alto. Según fuentes periodísticas, 35 municipios se consideran focos rojos por el contexto electoral, incluyendo a Chilapa de Álvarez (Guerrero) donde tres políticos han sido asesinados hasta la fecha. Es importante recordar que este momento electoral confluye con una situación extremadamente preocupante con un aumento de violaciones de derechos humanos en muchas partes del país, la mayoría de las cuales quedan impunes, lo que ha sido enfatizado por la misma CNDH en la presentación de su último reporte sobre derechos humanos.

Cabe destacar que en diciembre pasado se promulgó la Ley de Seguridad Interior que normaliza la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública lo que ha generado varias reacciones de preocupación por parte de instituciones internacionales debido al impacto negativo que tendría en los derechos humanos. Desde nuestra experiencia de trabajo brindando acompañamiento internacional, hemos podido observar que en los estados federales donde se ha implementado una estrategia de seguridad basada en la militarización, ha aumentado de forma significativa el riesgo y los ataques contra personas defensoras y organizaciones de derechos humanos. Este análisis apunta a un cierre de espacios y empeoramiento de la situación de defensores en caso de entrar en vigor la ley.

La violencia vinculada a las elecciones también está afectando de manera particular a las personas defensoras. En febrero, el representante de la OACNUDH Jan Jarab apuntó que «durante este año electoral por la magnitud y coyuntura política que habrá en el país y que generará una conflictividad social; se podría dar un aumento en el riesgo de los defensores de derechos humanos”. Además México esta viviendo un aumento de agresiones contra de periodistas, por ejemplo desde el 2015 la red #RompeElMiedo ha documentado 131 agresiones contra periodistas en el contexto electoral siendo este uno de los de mayor riesgo para la prensa.

En el estado de Oaxaca en particular, se ha observado que las elecciones suelen ser eventos acompañados de brotes de violencia, además la entidad se caracterizada por sus altos niveles de protesta social y movilización. Además, en los últimos meses, se ha observado en la entidad un incremento preocupante de ataques a personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil reportaron casos de allanamientos, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos contra defensores.

Además, nos preocupa que durante la transición de Gobierno y hasta que el nuevo ejecutivo tome posesión plena de sus funciones en Diciembre 2018, se estanquen los procesos abiertos actualmente para abordar las problemáticas de derechos humanos.

Ante esta situación expresamos preocupación sobre el riesgo que enfrentan las personas defensoras en el contexto electoral y sobre los impactos de una respuesta militarizada en contextos de protesta social o escalada de la violencia política e instamos al gobierno mexicano a adoptar un plan de protección que prevea tanto acciones preventivas como de emergencia en coordinación con las organizaciones de derechos humanos.

Es urgente asegurar que las entidades gubernamentales encargadas de garantizar la seguridad de personas defensoras continúen debidamente con sus funciones durante el período post electoral. En este sentido, es importante que las secretarías de los tres niveles de gobierno responsables de implementar los mecanismos de protección gubernamentales y la política pública de protección a defensores continúen siendo operativos y se comunique a las organizaciones de derechos humanos y personas defensoras de los cambios de personal u otros que se puedan dar en este año electoral.