El día 11 de marzo 2021, tuvo lugar el evento paralelo en el marco del 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”.
El 5 de marzo 2021, la Relatora sobre la situación de personas defensoras de DH de la ONU Mary Lawlor presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe: “Última advertencia: Los defensores de los derechos humanos víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”. En este informe identificó a México como uno de los países más peligrosos para la defensa de derechos humanos, en particular para la defensa de la tierra y el territorio, así como riesgos específicos para las mujeres defensoras de derechos humanos.
El evento tuvo como objetivos dar a conocer el informe y recomendaciones de la Relatora Mary Lawlor, aterrizarlo en el contexto mexicano y analizar contextos y necesidades diferenciadas en los estados (caso Oaxaca y Guerrero) y en poblaciones que enfrentan riesgos particularmente elevados (mujeres defensoras y personas defensoras de tierra y territorio).
En el evento, coordinado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) y moderado por Olga Guzmán Vergara, participaron Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Consorcio Oaxaca, Prodesc, Front Line Defenders (FLD), International Service for Human Rights (ISHR), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Brigadas Internacionales de Paz, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Pan Para el Mundo.
Aquí la ponencia de PBI-México:
Muchas gracias Olga y gracias a Consorcio Oaxaca y Prodesc por invitarnos a participar en este evento.
PBI comparte este análisis de violencia persistente contra personas defensoras en México y compartimos la valoración de la Relatora de que “el asesinato de defensores es una línea roja que ningún Estado ni actor no estatal debería cruzar jamás”. Así pues, coincidimos en que “los asesinatos pueden y deben evitarse.”
Con al menos 19 personas defensoras asesinadas en 2020, nos preocupa profundamente que el Gobierno Mexicano no esté cumplimiento con sus obligaciones y el deber de proteger.
Efectivamente, en México, desde 2012, existe un mecanismo de protección, que atiende a más de 1300 personas defensoras y periodistas. Sin duda, las medidas de protección otorgadas han salvado vidas. Sin embargo, el Mecanismo no siempre ha logrado activarse a tiempo para prevenir asesinatos. En este sentido, el Gobierno Mexicano debe redoblar sus esfuerzos en la protección preventiva, es decir debe fortalecer la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.
Al mismo tiempo, es preocupante que se aprobara la eliminación del fideicomiso que financia el Mecanismo, aún con una multitud de voces, de actores mexicanos e internacionales en contra de esta decisión. Inevitablemente esto debilitará las capacidades del Mecanismo. Ahora con la recuperación económica necesaria, nos preocupa que la protección de personas defensoras quede relegada y se dejen de atender necesidades urgentes. Los rezagos existentes pueden agravarse y todavía queda pendiente en desarrollar medidas acordes a las necesidades de protección específicas de las mujeres y sus familias y las necesidades de protección colectiva que afectan a comunidades y colectivos.
Muy acertadamente, La Relatora recomienda en su informe “Proteger y mejorar los mecanismos de protección”. Para conseguirlo, el Gobierno Mexicano debería redoblar esfuerzos en la implementación delas recomendaciones formuladas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo y proseguir con la hoja de ruta iniciada junto con la Oficina del Alto Comisionado.
Así mismo, la protección preventiva tiene mucha relación con la lucha contra la impunidad. La instalación de fiscalías especializadas y la creación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa) han sido mecanismos capaces de avanzar en el derecho a la verdad y la justicia. Si bien los esfuerzos, la impunidad persiste alcanzando niveles alarmantes del 98%. Urge pues, un compromiso firme del Gobierno Mexicano para avanzar en las investigaciones e identificar a los responsables materiales e intelectuales de las amenazas y asesinatos de personas defensoras.
Para ello, quisiera resaltar la recomendación de “crear comisiones de investigación cuando se produzca un número sostenido o un aumento significativo de asesinatos de defensores”. Teniendo en cuenta que, en México, el 70% de las personas defensoras asesinadas, defendían los derechos ambientales, de tierra y territorio; el Gobierno Mexicano debería considerar esta alternativa de crear una comisión de investigación específica. Y es crucial que sean integradas por expertos independientes y que sus integrantes cuenten con el respaldo de las organizaciones de derechos humanos mexicanas.
Para finalizar, quisiera agradecer a la Relatora Mary Lawlor por su informe y las recomendaciones formuladas. Ha abordado puntos clave como la protección integral y el entorno seguro de personas defensoras, dos conceptos en los que venimos trabajando mucho y que quisiéramos seguir desarrollando en alianza, con los sistemas de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Muchas gracias.