Si bien migrar es un derecho consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éste sigue siendo vulnerado por diversidad de actores.
En México, las personas defensoras de los Derechos Humanos (DDHH) de las personas migrantes proporcionan atención humanitaria, jurídica y psicológica, convirtiéndose en muchas ocasiones en el único apoyo que reciben las personas migrantes en su paso por el país que comparte junto con Estados-Unidos la frontera más transitada de todo el mundo.
En el Estado de Coahuila, en el norte del país, Casa del Migrante de Saltillo (CMS), ha venido realizando esta labor desde el año 2002, enfrentando abusos, amenazas e intimidaciones que dificultan su trabajo y ponen en riesgo la vida de sus integrantes.
En julio del año 2019 CMS denunció públicamente un operativo realizado por la policía federal quien intentó ingresar a la casa con el fin de revisar la situación migratoria de las personas que se encontraban en el albergue. Al respecto es importante recordar que el artículo 76 de la Ley de Migración prohibe a las autoridades llevar a cabo visitas de verificación migratoria en los albergues para migrantes. Por su parte el pasado verano, el Obispo de la Diócesis de Saltillo Raúl Vera López denunciaba los riesgos que enfrentan los defensores y defensoras de la CMS, señalando las agresiones que han sufrido y la impunidad en los delitos cometidos en su contra.
Mas recientemente, el día 28 de diciembre de 2019 como bien lo menciono la ONU la CMS sufrió la suspensión del suministro de agua al albergue, hecho que sin duda vulnera el derecho humano al agua y el saneamiento para la población migrante que se encuentra en la casa en condiciones de extrema vulnerabilidad. Si bien CMS ya cuenta con el restablecimiento de agua, a raíz de este hecho se han vertido una serie de difamaciones contra el director de la organización Alberto Xiconténcatl Carrasco, a través de notas de prensa de diferentes medios de comunicación desacreditando su legítima labor como defensor de derechos humanos.
Los ataques contra las personas defensoras de los DDHH de personas migrantes evidencian la criminalización de la migración en México y en la región, así como la violación constante al derecho de defender los derechos humanos, a pesar de ser una obligación del Estado Mexicano.
En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la Medida Cautelar MC 312-09 a CMS y posteriormente, en 2013, fue la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila quien solicitó la implementación de Medidas Cautelares a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, la organización y sus integrantes siguen siendo frecuentemente objeto de difamaciones y agresiones, vulnerando no sólo sus derechos sino el de todas las personas migrantes.
Según un informe presentado por Front Line Defenders el pasado mes de septiembre, los riesgos y amenazas más recurrentes que enfrentan estos defensores y defensoras son detenciones, deportaciones, juicios, difamaciones, vigilancia e intimidación contra los albergues y centros comunitarios, estigmatización, entre otros. En este mismo informe, Front Line Defenders hace un llamado a reconocer la importante labor que históricamente organizaciones como CMS realizan no sólo para proteger los derechos de los y las migrantes sino para crear redes de apoyo comunitario que fortalezcan la construcción de entornos de inclusión y respeto de la diversidad.
En este contexto, PBI respalda la labor realizada por Casa Migrante Saltillo en el Estado de Coahuila y acompaña su trabajo en la atención integral a las personas migrantes y refugiadas, además, reitera la importancia de proteger a los y las integrantes de CMS a través de la óptima implementación de las medidas cautelares que opera el Mecanismo para garantizar la integridad física y emocional de los defensores de DDHH así como de las personas migrantes.