Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en una columna de opinión, analizó la situación de seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, calificando los primeros cuatro meses de 2017 como «escalofriantes», debido al asesinato de al menos cinco periodistas, dos personas defensoras y dos escoltas de beneficiarios del Mecanismo Nacional de protección.

En su análisis resalta que según los estándares internacionales, el Estado tiene el deber de proteger; y que existe una esfera de colusión entre autoridades y la delincuencia organizada y que en muchos casos, los agentes del Estado cometen graves violaciones de derechos humanos.

Además, destaca que la mayoría de los 125 asesinatos de periodistas cometidos entre 2000 y 2017- según CNDH - ha quedado impune, así como las desapariciones, afirmando que “El Estado es, sin ninguna duda, responsable por este círculo vicioso de impunidad.

Si esto no cambia, todas las medidas de protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos”.

Estas declaraciones fueron hechas en el marco de los asesinatos de la defensora de derechos humanos Miriam Rodriguezen Tamaulipas y del destacado periodistas Javier Valdez en Sinalo.

Sobre este último caso, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresaron a través de un comunicado conjunto su consternación por el asesinato del periodista y escritor mexicano, señalando que «La violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que como Javier Valdez reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante».

Además señalaron que el pasado mes de abril, ambos relatores solicitaron al gobierno mexicano realizar una visita oficial conjunta al país.