La Sierra Tarahumara, defender el territorio en contextos de violencia

Foto: Tom Pierce para The Guardian

El estado de Chihuahua se ubica en el norte del país y tiene como frontera el estado de Texas en los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro del estado se encuentra la “Sierra Tarahumara”, región montañosa de vastas dimensiones y de difícil acceso, correspondiente a la porción noroccidental de la Sierra Madre Occidental, compuesta por 21 municipios en donde los servicios básicos y la conectividad se encuentra de forma precaria. En ella habitan cuatro Pueblos Originarios: Ódami o Tepehuán, Pima, Warijío y el más numeroso -con un 77.8%- el pueblo Rarámuri o Tarahumara. La zona ha sido de interés económico fundamentalmente por su amplia extensión y por que el 70% de la misma sería de interés forestal, además de concentrar una biodiversidad que la hace de interés para la minería y el turismo. La confluencia de distintos actores y distintos intereses sobre él, ha posicionado a la sierra Tarahumara como una de las zonas con mayor conflictividad agraria que ha significado un importante deterioro de los derechos colectivos de las comunidades, y además ha generado un desequilibrio ecológico debido a la explotación de los mismos. Varias comunidades indígenas que habitan esta región se encuentran en procesos de defensa de la tierra y el territorio, con el objetivo de preservar sus modelos de vida, apelando a su historia y derechos como pueblos.

Nos hemos entrevistado con organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan acompañando a comunidades y sus procesos de resistencia; todas estas organizaciones tienen una relación cercana con PBI desde la instalación de nuestras oficina en el norte del país. Si bien nos hemos entrevistado con personas de las comunidades como parte de nuestro trabajo, esta información la hemos incorporado de forma transversal y resguardando los nombres por razones de seguridad.

Contexto de la Defensa de la Tierra y el Territorio en la Sierra Tarahumara

En el presente año, la sociedad civil mexicana e internacional ha visto con preocupación el incremento de la violencia y de las consecuencias de la misma sobre las personas que habitan la sierra y en especial sobre quienes defienden la tierra y el territorio. Durante la última visita oficial a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y un día antes de su llegada al estado de Chihuahua fue asesinado Isidro Baldenegro, defensor comunitario reconocido a nivel internacional; dos semanas después fue asesinado Juan Ontiveros, quien días antes había participado de una reunión en la capital del estado junto a organizaciones de la sociedad civil y autoridades dando a conocer la situación de seguridad y el conflicto territorial agrario de la comunidad.

En su visita al estado de Chihuahua, el Relator Especial, mencionó la presencia del crimen organizado en la zona, y una falta de protección por parte de las autoridades, como uno de los riesgos que afrontan tanto las comunidades indígenas de la sierra, como las personas que les acompañan. La presencia de actores ilegales como el crimen organizado, ha sido reconocida como un fenómeno que se va acrecentado en el territorio que comprende esta región, debido al interés estratégico que esta zona tiene tanto para el cultivo como para el trasiego de sustancias ilícitas. Una de las principales problemáticas que esta presencia habría ocasionado, es la presión que estos grupos ejercen sobre las comunidades indígenas que habitan el territorio, generando procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento forzado interno, entre otras. Integrantes de Cossydhac nos comentan que para quienes se quedan, existe la intranquilidad y el miedo; lo que se une al despojo -ya sea por ocupación o control de la tierra- , que reduce los espacios para cultivos tradicionales y de subsistencia: “Se les ha quitado el espacio, se les ha quitado la tranquilidad (…) sentarse en una piedra a ver con gran satisfacción como va creciendo su bosque, o como va creciendo su maíz, como va creciendo su frijol, como va creciendo sus papas, sus habas, las plantas… ahora lo hacen con miedo”.

Otra de las problemáticas en las que se inscribe la defensa de la tierra y el territorio en la Sierra Tarahumara es el desarrollo de proyectos y megaproyectos, tanto nacionales como transnacionales; en los sectores del turismo; la minería; y de infraestructura (como el gasoducto “el Encino-Topolobambo” o el aeropuerto de Creel). La presencia de megaproyectos es descrita por algunos defensores como de “choque cultural”, que “pone en juego los recursos naturales de la Sierra a favor de los intereses no de los habitantes ancestrales, sino que de los grupos en el poder, sean privados o sean públicos”. Entre las afectaciones a las comunidades y al medio ambiente resultado de proyectos y megaproyectos, nos mencionan: el despojo; la contaminación del agua y/o el aprovechamiento de recursos hídricos utilizados tradicionalmente en el consumo humano o la agricultura; y la deforestación. Comunidades y sociedad civil han denunciado que en la mayoría de los casos estos proyectos son llevados a cabo sin que se consulte a las comunidades indígenas; y que en los casos en que esta consulta se realiza, no cumple con los estándares mínimos de ser libre, previa e informada; transformándose en un escenario de “reparto de beneficios económicos” que concluiría en la manipulación de comunidades, o en la división de las mismas.

Las organizaciones señalan que el Estado mexicano “no está viendo a los indígenas”, debido a que las reformas agrarias implementadas en los años 1923 y 1992 no tomaron en cuenta la organización territorial indígena; lo que ahora implicaría la falta de reconocimiento jurídico de las comunidades y sus tierras ancestrales, y por tanto del derecho de uso y propiedad sobre estos territorios (tierra y recursos naturales), e incidiendo con ello en el ejercicio de sus derechos colectivos. La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas mexicanas fue identificada por el anterior relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, quien denunció en concreto las violaciones del derecho colectivo a la tierra y territorio y al disfrute de los recursos naturales de los tarahumaras y tepehuanos de la Sierra.“A lo mejor, ellos tienen un pedazo de tierra, donde cultivan, y su casita, pero si hay explotación forestal, si llega una minera a hacer explotación o si llega el gasoducto, pues a ellos no les toca, ni les preguntan, porque no son propietarios. Como no tienen derecho sobre su territorio, no tienen manera de beneficiarse de la explotación forestal ni de decir si están de acuerdo o no”.

El alto costo de la defensa de la tierra y el territorio en la Sierra Tarahumara

A pesar del contexto -y debido al mismo- existen comunidades que se encuentran en procesos de defensa de la tierra y el territorio, varias de ellas se han organizado, y reciben el acompañamiento de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos desde distintos puntos del estado de Chihuahua. Esta diversidad de defensores enfrentan riesgos en el ejercicio de su labor, entre los cuales destacan la difamación pública, como la sufrida en varias ocasiones por Cossydhac; hostigamientos, como la ocurrida por la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); amenazas, como las sufridas por los integrantes de ASMAC (a partir de las cuales le fueron otorgadas medidas de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); y asesinatos, como el del defensor Ernesto Rábago, asesor del ejido indígena de Baqueach quien fue asesinado en su despacho luego de que ganara un litigio por conflictividad agraria.

Para los defensores que les acompañan, las personas en las comunidades están en un grado de riesgo mayor al que enfrentan otros defensores que podrían estar protegidos por una institución, y con mayor capacidad de respuesta frente a posibles ataques. Las y los defensores comunitarios, son quienes resultan especialmente vulnerables, ya que habitan diariamente el territorio, enfrentándose a una multiplicidad de actores potencialmente agresores, dentro del mismo. Un ejemplo de ello es la comunidad de Choréachi, en donde existe información documentada de desplazamiento, asesinatos y amenazas, razón por la cual integrantes de la comunidad poseen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de de derechos humanos desde 2014; debido a que el riesgo para quienes defienden la tierra y el territorio en la zona continuó agravándose, en 2017 le fueron otorgadas medidas provisionales por la Corte interamericana de derechos humanos. Los recientes asesinatos de personas defensoras de este territorio, avalarían la conclusión de un alto nivel de riesgo enfrentado y la necesidad urgente de protección.

El desafío de Resistir: «Si uno callara, las piedras gritarían…»

Como respuesta a este cierre de espacios de actuación, comunidades y organizaciones han logrado identificar y promover mecanismos de autoprotección; en donde el sentido de comunidad ancestral ha sido fundamental para seguir su lucha; así como otras estrategias de seguridad que van implementando en sus traslados, horarios, comunicación, etc.; que les permiten “seguir de pie y caminando”; la diversificación de estrategias jurídicas han llevado a defensores a ganar casos a pesar de las dificultades que deben enfrentar; y debido a las amenzas en varias ocasiones se han visto obligadas a armar nuevas estrategias de trabajo: “Hemos encontrado las formas, formando constantemente promotores comunitarios, y cada vez estamos formando a gente más joven… No estamos nosotros, pero seguimos trabajando. No nos han doblegado. No nos van a doblegar, vamos a regresar”. ASMAC.

Otro ejemplo de estos mecanismos, es el trabajo realizado por la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, red de organizaciones de la sociedad civil que denuncian violaciones a los derechos a la tierra, territorio y medio ambiente ante distintas instancias judiciales, ofreciendo asesoría legal y acompañamiento a las comunidades durante los juicios y la ejecución de las sentencias asociadas. Según Contec, que integra esta red, “aparte de ser una red de organizaciones es una red de comunidades en defensa del territorio”. La red se define como un espacio con sentido político, y que analiza de forma conjunta casos desde lo jurídico, y establece estrategias de trabajo para el acompañamiento efectivo a comunidades. Ellos han visto que el recurso jurídico tiene un valor fundamental para la realización de los otros ejes de trabajo que cada organización pueda tener. El trabajo de la red busca además fomentar en las comunidades esta organización más global que les permita enfrentar el aislamiento y frenar las amenazas sobre sus territorios. Otro de los puntos abordados por esta red es el de incidencia y visibilización- Desde hace tres años, la red realiza “Caravanas por la Justicia”, que visitan a diversos actores tanto a nivel estatal como federal para visibilizar, sensibilizar y adquirir compromisos que permitan el abordaje integral de las problemáticas que se están dando en la Sierra.

Gracias a los esfuerzos de la sociedad civil en el estado de Chihuahua, también se logró que El Mecanismo Federal de Protección para personas defensoras y periodistas, en respuesta a la preocupante situación de violencia que enfrentan en el estado, emitiera una alerta temprana que consiste en un “Plan de Contingencia”, que fue firmado el 9 de junio de 2017, e incluye una serie de medidas con el objetivo de prevenir potenciales agresiones y violaciones a los derechos humanos y garantizar su no repetición. El mismo, dedica un capítulo al caso específico de la Sierra Tarahumara, constituido por un conjunto de acciones que serían desarrolladas con el fin de complementar las medidas de protección que tienen ciertas comunidades serranas. Para PBI, la Alerta Temprana significa un importante reconocimiento de la situación de urgencia en el estado de Chihuahua, y representa un abordaje más contextualizado de la misma. Sin embargo, hasta ahora no ha implicado una mejora en la situación de personas defensoras.