El pasado 11 de agosto en la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo el conversatorio “el ejercicio al derecho a la Consulta ante los tribunales”. El evento fue convocado por la organización Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) y contó con la participación de Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Representantes de las tres organizaciones analizaron el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas del norte de México, a la luz de los casos en comunidades en las que se desarrollaron megaproyectos de infraestructura, energía y extracción de recursos naturales. Estos casos fueron los de comunidades Rarámuri de Choréachi, Coloradas de la Virgen y Huetosachi, en la Sierra Tarahumara, estado de Chihuahua; y la del pueblo Yaqui, en el estado de Sonora.

Durante el conversatorio se relató cómo los proyectos produjeron afectaciones a la tierra, territorio y medio ambiente de las comunidades, y de qué manera han amenazado su sobrevivencia; también explicaron la manera en que las comunidades han defendido sus casos ante distintas instancias judiciales.

En México, el derecho a la consulta libre, previa e informada de comunidades y pueblos indígenas estaría garantizado desde 1990 por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha precisado en una recomendación que los procesos de consulta deberían progresivamente alcanzar carácter vinculante.