El 19 de abril la organización ProDESC comunicó que el 17 de marzo el Sexto Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec emitió una sentencia que niega el amparo que la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) interpuso el 19 de agosto de 2015.
El amparo se interpuso por violaciones en el proceso de la consulta que se realizó en Juchitán de Zaragoza para la instalación del parque eólico de la empresa Energía Eólica del Sur (EES).
En el amparo, la APPJ denunció que los principios del derecho a la consulta que fueron llevados a cabo a través de la Secretaría de Energía, fueron violados y que el proceso de la consulta no se encontraba en el marco de los principios de la Convención 169 de la OIT, en la cual se determina que la consulta tiene que ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
En su informe informe realizado tras su visita al estado de Oaxaca en agosto 2016, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, destacó los múltiples abusos a Derechos Humanos en el caso de dicho proyecto eólico y apuntó que durante su visita descubrió violaciones de varios derechos como el derecho a la consulta, al medio ambiente sano y a los derechos culturales.
Además, resaltó que defensores comunitarios sufrieron agresiones y ataques.
Anteriormente la misión de observación al Istmo constituida por FUNDAR, ProDESC y Código DH (organización que es acompañada por PBI), junto a casi 100 organizaciones de la sociedad civil, ya habían emitido un informe en donde documentaban el incumplimiento de los principios sobre los cuales debiera basarse la consulta y casos de violaciones a los derechos humanos durante el proceso de la instalación del parque eólico.
Según sociedad civil, la negación del amparo implica que “las autoridades del estado de Oaxaca están permitiendo que el ambiente de impunidad que impera en el país sea también el que predomine en la región del Istmo de Tehuantepec, afectando a las comunidades indígenas que se encuentran en procesos de defensa de sus derechos a la tierra, al territorio y los bienes naturales ante la industria eólica en México.”
Cabe destacar que PBI participó como observador internacional del proceso de consulta con el objetivo de visibilizar la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos que participaban en el proceso.
Además, en el marco del trabajo que realizamos en el estado, nos reunimos con organizaciones y autoridades de la región durante la reciente gira en la región del Istmo, realizada en marzo pasado.