Foto: Cloete, Coahuila
Entrevista realizada por PBI a Alberto Solís Castro, Director ejectuivo de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), organización dedicada a temas de transformación positiva de conflictos y construcción de paz, acompañando a movimientos indígenas y movimientos campesinos que están en la defensa de su territorio, de la naturaleza, de bienes naturales, frente a diversos megaproyectos. SERAPAZ forma parte del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que es acompañado por PBI.
Las comunidades en resistencia viven una situaciones de particular riesgo porque se están enfrentando a proyectos de inversiones muy grandes y tocan intereses tanto de gobiernos como de élites empresariales. Además de esto, algunos de ellos se encuentran en territorios con alta actividad criminal, enfrentando no solamente a las empresas legales sino también a las empresas del crimen organizado, y a los propios gobiernos que están coludidos con unos o con otros. No todos los riesgos al interior de la comunidad son iguales, los espacios más comunitarios están en un nivel de vulnerabilidad mayor que por ejemplo los espacios urbanos, porque los espacios urbanos tienen cierto margen de anonimato para poder proteger a integrantes de movimientos que se pierden en el conjunto de la ciudad. Por ejemplo, los Nayeri, pueblo indígena que acompañamos, se oponen actualmente a una represa en Nayarit; ellos están muy alejados geográficamente y es difícil el acceso a las comunidades. Son varias las limitaciones para poder generar formas de protección que no sean las que la propia comunidad tiene: no hay señal de teléfono en la zona, los teléfonos satelitales funcionan de manera intermitente, si tienen que salir de la región va a ser muy lento y muy complicado, muchas veces no tienen electricidad, etc.
Además de ellos, hay que considerar que el Estado utiliza este tipo de megaproyectos para generar procesos de ruptura del tejido social. Por ejemplo, cuando llegan a venderles el proyecto como una oportunidad de desarrollo comunitario, repartiendo dinero, quienes han sido copiados se vuelven en los primeros adversarios del movimiento social que se está generando en defensa de la tierra y el territorio, y quien más riesgo representa de violencia directa, porque viven ahí.
Respecto a la implementación de medidas en las comunidades se trata de otro tipo de condiciones y las medidas que se piensan no encajan o es más complicado implementarlas. Además, muchas veces estos análisis de riesgo se han hecho a nivel comunitario, omitiendo los riesgos particulares que tienen algunos de sus integrantes. Hay que saber entonces hacer bien estos análisis e identificar qué soluciones se pueden ir encontrando frente a estos riesgos. A veces se dan casos donde dicen ”hay riesgo, entonces vamos a enviar a la policía”, cuando la policía es el primer actor que se asocia al riesgo al interior de la comunidad. Sumado a todo esto, está el componente intercultural, en el mundo indígena hay otra noción de lo colectivo, hay otra noción de lo que se permite y de lo que no se permite. En México, existe la lógica de pensar que eso se puede unificar, como si todas las comunidades indígenas fueran iguales. Poner a todos bajo la clasificación de “lo indígena” es incorrecto, este término no existe, solo existe en comparación con el mundo occidental.
Todo esto no se plantea cuando se implementan megaproyectos, ni al momento de pensar en elementos de protección para defensores y defensoras de esas comunidades, y se tendría que hacer; se podría desarrollar esa capacidad que tome en cuenta contextos culturales, diferencias de impacto en términos de género, accesibilidad, condiciones sociales de la región, nivel de marginación de las comunidades, la causa o fondo del propio proyecto y lo que está generando el riesgo, las condiciones legales o jurídicas con las cuáles se han ido llevando a cabo alrededor del conflicto, etc. Igualmente hay que ver si han habido elementos de violencia previa, si es una comunidad que ya vivió situaciones de represión o asesinatos, el tejido social, las condiciones políticas de la región, el nivel de actividad criminal, de acción del crimen organizado, el nivel de impunidad que se vive localmente.
Nosotros consideramos que, es muy difícil separar el tema de seguridad de las personas defensoras de lo que está generando el riesgo. Si el riesgo que viven no se aborda a partir de su causa -es decir el megaproyecto que está tratando de imponerse- es muy complicado. Tratar de abordar la causa del conflicto y entrar en procesos de diálogo, interlocución, revisar las ilegalidades que puede haber en el proceso de imposición, y si las hubo, los Estados tendrían que hacerse cargo de esto, e incluso desmontar ese tipo de proyectos para no generar una mayor afectación. Las medidas más importantes que se puedan implementar para la seguridad son medidas políticas: el reconocimiento de los actores, la presencia de los actores de gobierno y garantizar que se van a respetar los derechos. Estas medidas políticas llegan a tener mucho mayor efecto que poner una valla de seguridad o una cámara en una comunidad. Y si no hay voluntad política a nivel local porque están implicados con el megaproyecto, entonces que lo haya a otros niveles de gobierno.