Las más de 20 organizaciones que conforman la Red -entre las que se encuentra el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y el Albergue Hermanos en el Camino -ambos acompañados por PBI- hicieron hincapié en la problemática de «movilidad humana por violencia»; exigiendo el respeto a los derechos de la población migrante en tránsito y el cese de la criminalización de quienes trabajan en la defensa y promoción de estos derechos.
El informe presentado cuenta con información de 34.234 personas que dieron testimonio, de las cuales 5.239 declararon haber sido víctimas o testigos de la comisión de algún delito o violación a los derechos humanos en su tránsito por México, las cuales según estos testimonios habrían sido en su mayoría perpetradas por bandas criminales y agentes del Estado.
El informe además hace un análisis de las políticas migratorias del Estado mexicano y establece una serie de recomendaciones tanto al Estado mexicano como a la sociedad civil.
En la misma línea, la Casa del Migrante de Saltillo, OSC acompañada por PBI- junto a otras organizaciones, como Fundar y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), presentaron el informe “El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel”, en donde documentan la impunidad del 99% en casos de delitos contra personas migrantes en México, ya que de acuerdo a cifras oficiales, en el periodo de 2014 a 2016, de un total de 5,824 delitos contra migrantes en Sonora, Coahuila, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y a nivel federal, sólo existiría evidencia de 49 sentencias.