Sociedad civil se pronuncia frente a acuerdo presidencial sobre el involucramiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública

El pasado 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial “por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. En medio de la pandemia, este acuerdo consolida el papel del Ejército prácticamente hasta el final del mandato del gobierno actual, reiterando la preocupación que desde la creación de la Guardia Nacional ha sido expresada por parte de organizaciones de la sociedad civil en México y en el mundo.

Varias organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado frente a dicho decreto. El colectivo #SeguridadSinGuerra emitió un comunicado en el que resalta que dicho acuerdo da facultad a las Fuerzas armadas para llevar a cabo labores sin controles externos y sin mecanismos de rendición, lo cual normaliza una práctica que data desde el gobierno de Felipe Calderón: la militarización de la seguridad pública sin control y fuera del mandato constitucional1.

Por su parte, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció al respecto por medio de un comunicado en el que menciona que (…) si bien la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública está prevista –bajo ciertas circunstancias–, (…) el Acuerdo publicado no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia2. Del mismo modo, la Oficina hace un llamado para que se haga una revisión del decreto, (…) con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población, al tiempo que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad pública en México y se diseña una ruta de salida que materialice el retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas de tareas que no les son propias”3.

En un reciente artículo publicado por la revista Nexos, investigadores señalan al menos 5 razones por las cuales el decreto sí tiene efectos tanto para las autoridades como para la población en general4. Contrario a lo que algunas personas han argumentado como un “mero formalismo o trámite”5, las y los analistas mencionan, entre otros puntos, que el acuerdo lleva al límite máximo posible la intervención de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, que se establece un catálogo muy amplio de funciones que realizarán marinos y militares y que quienes vigilen sus propias actuaciones serán los órganos internos de control de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina. En su análisis, se concluye que “la emisión del acuerdo tiene problemas serios de regularidad constitucional y convencional porque no motiva ni cumple cabalmente los principios de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad, establecidos tanto en la Constitución como en los criterios obligatorios de la CorteIDH”6.

Desde el inicio de la “guerra contra el crimen organizado”, emprendida durante la administración de Felipe Calderón al principio de su presidencia en 2006, México ha vivido un contexto de violencia e inseguridad extrema que ha afectado gravemente al panorama de derechos humanos en el país. Las políticas de seguridad pública implementadas desde entonces se han enfocado en combatir el crimen organizado a través de una estrategia de militarización que resultó en un fuerte aumento de violaciones de derechos humanos. Este panorama ha afectado y puesto en mayor riesgo a las personas defensoras de los derechos humanos y a la población en general. En palabras de Santiago Aguirre, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez, “seguir militarizando la seguridad no reducirá la persistente violencia y generará riesgos para los derechos humanos”7.

A lo largo de estos años, las organizaciones de la sociedad civil mexicana han, en incontables ocasiones, emitido recomendaciones sobre las reformas estructurales y prácticas que el Gobierno Mexicano debería implementar para mejorar esta situación, especialmente la impunidad, la violencia y el tipo de estrategias de seguridad implementadas. Sus ideas han sido reflejadas en las recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano a lo largo de los últimos años8.

Frente a este panorama actual, expresamos preocupación por las razones expuestas por parte de la sociedad civil frente al decreto presidencial. Reiteramos que es de suma importancia consultar e incluir a personas defensoras y a la sociedad civil para asegurar una perspectiva de derechos humanos en la elaboración e implementación de políticas públicas. Así mismo, es imprescindible formar y capacitar sobre derechos humanos, incluido sobre la labor e importancia de las personas defensoras, a las autoridades civiles y militares responsables de implementar las políticas públicas de seguridad y procuración de justicia, así como establecer mecanismos de evaluación y sanción internos eficientes para dar seguimiento a dichas formaciones.

PBI México considera que si las personas defensoras no cuentan con el suficiente espacio y las suficientes garantías de seguridad para poder promover cambios sociales, la transición hacia un Estado de Derecho y una democracia plena se verá fuertemente comprometida.