Durante el mes de abril, en el marco del primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, hubieron avances en el plano legislativo respecto a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante; y la sobre Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

En el caso de la Ley sobre desapariciones, fue aprobada en el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados para su discusión, la cual no logró darse en el periodo de sesiones ordinario y quedó a la espera de un próximo acuerdo para que de inicio a dictamenten y a su aprobación en pleno.

Colectivos de familiares se pronunciaron respecto a la misma; en el caso del Movimiento por nuestros desaparecidos en México, reconocieron algunos avances, pero aclararon que tienen reservas, especialmente referidas a las capacidades y atributos de la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda; por su parte, la Campaña Nacional contra la desaparición Forzada en México declaró no avalar el dictamen porque consideran no cumple con los estándares internaciones en materia de derechos humanos, ni con las exigencias de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares.

Actores internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció en un comunicado que la ley “posee avances para enfrentar uno de los problemas más dolorosos, urgentes y complejos que enfrenta el Estado mexicano”.

Por su parte la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación ante los cambios que el gobierno propone, ya que para ellos implicarían graves retrocesos para la búsqueda de personas desaparecidas en México.

Respecto a la Ley sobre Tortura, el 19 de abril la Cámara de Diputados avaló la Ley General, y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional realizaron un comunicado conjunto en donde hicieron un llamado al Senado de la República para que aprobaran el dictamen, enfatizando la necesidad de su entrada en vigor y efectiva implementación.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, señalando que la adopción de esta ley atiende una de las recomendaciones formulada al Estado Mexicano por varios mecanismos internacionales de derechos humanos.