México, D.F.- Estado de México (Edomex) es la entidad federativa más poblada del país con más de 15 millones de habitantes. Cuenta con uno de los ingresos económicos más altos de la república y es el estado que atrae el mayor número de migrantes internos del país, debido sobre todo a la expansión de la Ciudad de México1. Asimismo, es lugar de paso para miles de centroamericanos que cruzan el país anualmente hacia Estados Unidos, especialmente el municipio de Tultitlán (donde deben bajarse antes de tomar el próximo tren).
La sociedad civil local destaca la falta de visibilización de las violaciones de derechos humanos en la entidad y, además, “la comunidad internacional no tiene una mirada hacia las violaciones que ocurren en Edomex. Parece que aquí no pasa nada”. Por ello, la apertura del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) en junio de este año es motivo de celebración para organizaciones locales y del Distrito Federal. Se trata del primer centro de derechos humanos del estado, y surge de la necesidad de la propia sociedad mexiquense de contar con un medio de difusión de las problemáticas en esta materia, así como de investigar, litigar y mantener interlocución con el gobierno.
Las características del estado han exigido un arduo trabajo a la sociedad civil en asuntos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); el acelerado crecimiento urbano no ha coincidido con el acceso a servicios básicos, vivienda digna, educación, fuentes de empleo o el cuidado del medio ambiente. En relación a la cuestión migratoria, en agosto de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación acerca de la falta de seguridad en los albergues en Estado de México tras el cierre de la Casa del Migrante "San Juan Diego" situada en la colonia Lechería, en el municipio de Tultitlán. Según la Comisión, "es necesario que el Estado garantice las condiciones de seguridad necesarias para que este centro pueda reabrir sus puertas”. El albergue atendía un promedio de 150 personas diariamente, pero en algunas ocasiones llegó a atender hasta 600 personas.
Por otra parte, en 2010, organizaciones de la sociedad civil presentaron una solicitud de alerta de género en Edomex, pero la misma fue rechazada el año pasado –las organizaciones habían detectado que el número de feminicidios en la entidad era el más elevado del país, superando a Ciudad Juárez (Chihuahua).
Cabe recordar que la sociedad mexiquense vivió en mayo de 2006 el Operativo Policiaco Atenco, con un uso excesivo de la fuerza pública para reprimir el movimiento social, con un resultado de más de 200 detenciones y 47 mujeres agredidas sexualmente2. En noviembre de 2011, la CIDH publicó el Informe de Admisibilidad sobre el caso presentado en torno a la violencia sexual sufrida por 11 de las mujeres.
Una delegación de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) visitó Edomex en agosto como parte del trabajo exploratorio iniciado a principios del 2012. La organización sostuvo reuniones en la Ciudad de México, Tultitlán, Huehuetoca, Tecámac y Toluca, con la sociedad civil y autoridades del Estado de México, así como con organizaciones del Distrito Federal que trabajan en la región3.
Esfuerzos comunitarios por una vivienda digna y una educación de calidad
“En Edomex no hay infraestructura adecuada para atender las demandas de la población, las colonias populares no cuentan con inversión del gobierno y los proyectos se consignan de manera selectiva”, afirman integrantes del Movimiento Social Mexiquense. Dos ejemplos de esto son la vivienda y la educación. Según ellos, el crecimiento demográfico en Edomex “también genera mucha pobreza, mucha marginación, mucha gente que se desplaza para buscar trabajo. Estando aquí vienen una serie de problemas: la vivienda, la educación, la recreación, la seguridad, la justicia, la paz. Se convierten en problemas interminables que las organizaciones van reconociendo, van aceptando y van tomando como parte de su lucha”.
El Frente del Pueblo, la Alianza Única del Valle y la Coordinadora de Colonias de Ecatepec son algunas de las organizaciones que han trabajado directamente por el derecho a una vivienda digna para la población de zonas marginadas del estado; “además del terreno y de construcción de la vivienda, luego hay que asegurarse que llegan los servicios necesarios, como el agua y la electricidad”, añaden. Con el esfuerzo organizativo, apoyan en la construcción y entrega de viviendas de bajo costo a familias en las colonias marginadas. Sin embargo, comentan, la tarea no ha sido fácil4: la Alianza Única del Valle, por ejemplo, ha sido testigo de la detención de 41 de sus miembros en los últimos 12 meses en diferentes episodios represivos5; la Coordinadora de Colonias de Ecatepec compró un terreno hace 8 años donde sería posible construir por lo menos 97 viviendas, pero no han logrado terminar el proyecto, tanto por la falta de recursos para la construcción como de seguridad en contar con los servicios básicos adecuados para las viviendas.
Otro gran desafío es el acceso a una educación de calidad. Integrantes de Unión Popular José María Morelos y Pavón, Izquierda Democrática Popular y Movimiento Social de Izquierda Democrática compartieron con PBI su trayectoria en la defensa de este derecho en sus comunidades: “en Edomex la educación tiene la característica de que la solución a la problemática la ha dado la sociedad organizada” y, en una gran parte de las zonas marginadas, las escuelas son construidas con el esfuerzo y recursos de las mismas comunidades. Después éstas procuran que el gobierno reconozca oficialmente las escuelas, aporte recursos para el desarrollo de su infraestructura y pague a los profesores.
Han conseguido fundar escuelas en sus comunidades, sin embargo, según un integrante de la Unión Popular "José María Morelos y Pavón", “los logros son a cuenta gotas, es casi arrancado del gobierno: marcha, no te resuelvo, marcha, represión, pliegos petitorios, denuncias, represión, marcha. En vez de resolver, la respuesta del estado ha sido la represión”. La actual administración estatal tiene como una de sus prioridades la educación; las organizaciones han establecido diálogo con el gobierno y esperan una mejor atención a la problemática.
Acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano
Edomex cuenta con experiencias comunitarias de sistemas de extracción y distribución del agua, como el desarrollado por la asociación civil Sistema de Agua Potable de Tecámac. Sin embargo, el año pasado, el gobierno estatal aprobó una nueva Ley de Aguas (28 de abril del 2011) y los organismos independientes tienen ahora mayor dificultad para obtener el permiso de gestionar el agua. “La nueva ley nos amenaza: si no nos hacemos cargo de los servicios de drenaje, tratamiento de aguas residuales, disposición final de lodos y aguas grises, tenemos que entregar el sistema sin indemnización. Ni el mismo gobierno trata las aguas residuales, pero a nosotros nos exige. Es el pretexto para quitarnos. En todo caso, deberían de darnos asesoría técnica y recursos económicos para que lo podamos hacer; eso es lo que hemos solicitado.” El sistema comunitario de Tecámac impugnó la ley pero los tribunales locales no la aceptaron. También ha resistido a entregar sus pozos y sigue trabajando en el proyecto. No obstante, varios otros sistemas comunitarios se han visto obligados a abandonar sus actividades, pese a que ofrecen servicio de agua barato a los pobladores sin obtener ganancias. Los defensores de Tecámac temen que la privatización va a beneficiar a las empresas pero no a la ciudadanía.
La intensa urbanización del estado genera una creciente necesidad de explotación de los recursos hídricos de Edomex. Según el Sistema de Agua Potable de Tecámac, en los años 50 bastaba con excavar 10 metros para encontrar agua, ahora hay que llegar a 150 metros de profundidad para encontrar fuentes subterráneas. La superexplotación del agua de las últimas décadas se ha traducido en el deterioro de los recursos, tanto superficiales como subterráneos. Por ello, en julio de 2008, la asociación presentó una denuncia frente al Tribunal Latinoamericano del Agua por la insustentabilidad hídrica del proyecto “Ciudades del Bicentenario”, el plan de desarrollo habitacional, industrial y comercial del gobierno de Estado de México. Los defensores de Tecámac aguardan la audiencia en dicho tribunal. Su preocupación ahora es que la ley de 2011 pudiera significar la desaparición del sistema comunitario que han manejado desde hace 60 años.
Estado de México tiene importantes acuíferos y lagunas que han abastecido a las zonas urbanas de la cuenca central del país, principalmente al DF. Esto contrasta con la falta de suministro de agua en comunidades indígenas. El Centro Mexicano de Derechos Ambientales (CEMDA) ha observado la negación del derecho de acceso a este recurso en el caso de la comunidad Mazahua, que por años ha manifestado en Valle de Bravo la oposición a la construcción y ampliación de plantas purificadoras en la zona; este es el caso con la Planta “Los Berros”, que abastece sobre todo a la Ciudad de México. Las comunidades continúan aún hoy reclamando la situación de escasez de agua.
Estado de México enfrenta una enorme problemática de violaciones a los derechos ambientales y de agresiones a las personas defensoras los mismos. Según estadísticas recopiladas por CEMDA, los defensores ambientales en Edomex están entre los que más sufren represión y agresiones en todo el país (17% de las agresiones a defensores ambientales en México entre 2006 y 2011 fueron en Edomex). Según CEMDA, la tala ilegal de bosques es la cuestión que origina mayor violencia. En muchos casos, las autoridades relacionan este tipo de hechos con el crimen organizado o bandas delictivas, sin embargo, en un informe publicado por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" añaden que “los defensores del medio ambiente han sido perseguidos por las fuerzas públicas, empresas trasnacionales, caciques o talamontes bajo la aquiescencia de los tres niveles de gobierno.”6
Cierran albergue de migrantes en Lechería
De 2009 a 2012 el albergue para migrantes en la colonia Lechería en Tultitlán, administrado por la Diócesis de Cuautitlán, brindó asistencia a miles de migrantes que llegaban a la localidad en el tren conocido como “La bestia”. Sin embargo, en julio de este año, debido a un escenario fuerte de hostilidad, sobre todo por parte de los vecinos del albergue, la casa cerró sus puertas. La Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana7 documentó por lo menos 10 agresiones al personal del albergue y a migrantes desde enero hasta su cierre en julio.
El Padre Cristian Alexander, entonces responsable del albergue en Lechería, observa una falta de apoyo gubernamental para solucionar el conflicto con los vecinos. Sin embargo, reconoce que, después del cierre del albergue, tanto el municipio de Tultitlán como el gobierno del estado apoyaron con seguridad y útiles para la nueva carpa. Según Padre Cristian, todavía hace falta un trabajo fuerte de sensibilización hacia los vecinos sobre la situación de los migrantes y el trabajo que hacen los defensores de sus derechos.
Pocos días después del cierre se instaló una carpa temporal bajo un puente en la avenida Independencia, también en Tultitlán. La presión de nuevo de los vecinos de la zona significó su desalojo a principios de agosto. El gobierno del Estado de México, en coordinación con las autoridades municipales de Huehuetoca, encontró un terreno en este otro municipio para la instalación permanente de un albergue, a pocos metros de la línea del tren en el cual viajan los migrantes. El nuevo terreno en Huehuetoca tiene ahora una carpa temporal para atender a los viajeros hasta la construcción de una casa permanente.
PBI visitó el nuevo terreno, de una hectárea, y entrevistó al Padre Juan Antonio Torres, responsable del albergue. El sacerdote explicó que actualmente llegan menos migrantes de los que llegaban a Lechería. Esa es una preocupación grande para Padre Cristian y la Diócesis. Con o sin albergue, los migrantes van a seguir llegando a Tultitlán y hay que encontrar una manera de brindarles asistencia y atender a su seguridad.
Hoy existen dos albergues en Huehuetoca que brindan apoyo humanitario a las personas migrantes. Además del “San Juan Diego”, dirigido por el Padre Juan, está el “San José”, atendido por la sociedad civil, hostigada por las autoridades migratorias y municipales según han denunciado públicamente.
Por su parte, la DPMH manifestó su preocupación por los testimonios recibidos de decenas de migrantes que han sido asaltados por policías municipales, trabajadores del tren (conocidos como garroteros), el hostigamiento de varias camionetas que rodean a uno de los albergues, entre otros. Además, externaron su preocupación por la criminalización del trabajo de los albergues por parte de las autoridades municipales y estatales, incluído una página de Facebook “Lechería Tultitlán” que criminaliza a los defensores de migrantes, seguida por autoridades municipales y disputados federales.
PBI agradece a las y los defensores el tiempo y las experiencias compartidas. PBI hace especial hincapié en la importancia de apoyar, proteger y reconocer la labor de quienes defienden y promueven los derechos humanos en Estado de México. Asimismo, damos las gracias a las autoridades mexiquenses por presentarnos los avances en materia de derechos humanos y los problemas que aún se afrontan en el estado.
1 El Estado de México y las migraciones, Centro de Derechos Humanos del Estado de México, julio/agosto 2003.
2 Para más información sobre el Operativo Atenco, consultar: Informe sobre el estado de México durante el sexenio 2005-2011 e Informe Atenco: 6 años de impunidad por tortura sexual contra mujeres.
3 PBI se reunió con Frente del Pueblo, Izquierda Democrática Popular, Movimiento Social de Izquierda Democrática, Alianza Única del Valle, Unión Popular José María Morelos y Pavón, Coordinadora de Colonias de Ecatepec, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Sistema de Agua Potable de Tecámac, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Centro Mexicano de Derecho Ambiental. También se sostuvieron reuniones con el ex-director del albergue de migrantes de Lechería y con el actual director del nuevo albergue de migrantes en Huehuetoca, Las instituciones públicas con las que PBI se reunió fueron la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Tultitlán, Dirección de Gobernación de Tultitlán, Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, Instituto de Atención a Víctimas del Delito, Subsecretaría General de Gobierno, Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
4 El informe del Centro Prodh La Violación Sistemática de Derechos Humanos como Política de Estado evidencia casos de defensa del derecho a la vivienda digna y la represión a las y los defensores que trabajan este tema.
5 Una de las agresiones más recientes contra Alianza Única del Valle ocurrió en mayo del 2012. AU: Liberen a los detenidos de la Alianza Única del Valle ¡No más abuso de poder en el Estado de México! Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria, Difusión Centro Nacional de Comunicación Social, 8 de mayo de 2012.
6 Informe sobre el Estado de México durante el sexenio 2005-2011: la violación sistemática de derechos humanos como política de estado, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros, 2011.
7 La Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana es el área de la Conferencia del Episcopado Mexicano que acompaña, alimenta, hospeda y acoge a las personas que se encuentran dentro del flujo migratorio en México.