La Red Guerrerense de Derechos Humanos se conforma por tres organizaciones: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa a los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos. Su objetivo es contribuir a la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos mediante su defensa y promoción. También impulsan reformas legislativas que armonicen la legislación dentro de México con los tratados internacionales de derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde que PBI inicia su presencia en Guerrero en el año 2001, ha dado un estrecho seguimiento a la Red Guerrerense de Derechos Humanos y sus organizaciones miembros. En esta ocasión, José Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la red habla con PBI de su trabajo.
¿Puedes hablarnos de casos paradigmáticos que examina la Red Guerrerense?
José Manual Olivares Hernñandez, secretario técnico : el caso al que más seguimiento dan los medios de comunicación, es el de cinco pueblos del municipio de Tecuanapa.Desde hace ya cerca de seis años, estos pueblos han estado luchando por su derecho al agua. La población donde está la cabecera municipal desde hace más de veinte años está tomando y haciendo uso, sin pagar a nadie, del agua de un ejido llamado San Francisco. Existe un comité que administra y cobra el agua que extraen. El ingreso económico es alto porque la venden a purificadoras, casas particulares y ranchos. Este comité se opone a que el agua llegue a todos los pueblos. Nosotros hemos solicitado al gobierno del estado y a los diferentes poderes que concluyan las obras en marcha para que haya un sistema de canalización de aguas a todos los pueblos. Estas obras quedaron suspendidas el año pasado. También hemos tenido interlocución con diputados federales, hemos lanzado una acción urgente a nivel nacional e internacional y han llegado varias cartas a todas las autoridades pidiéndoles que atiendan el problema del agua.
Si el sistema de agua se concluyera, alrededor de 5000 personas que se verían beneficiados.Primero porque el tema del Ejército ha sido un tema vetado por el Estado mexicano en el sentido de que no quiere que se cuestione su actuación como un actor violador de los derechos humanos. Y desgraciadamente lo que ha sucedido con la militarización en el combate al narcotráfico, es que el Ejército es ahora el principal violador de los derechos humanos en el país como lo demuestran las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en Guerrero la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo más grave, es que no hay un control, tanto en el ámbito legal como en el ámbito institucional, a una fuerza que realmente no está acostumbrada a tratar a los ciudadanos como sujetos de derecho. Entonces es muy preocupante porque se trata de una estrategia bélica que está deteriorando la vida de los ciudadanos y al mismo tiempo ocurre dentro de un contexto donde las instituciones de procuración de justicia están colapsadas por la corrupción y la ineficacia de las investigaciones. Vemos como se desmoronan estas instituciones y quieren apuntalar el sistema político con el uso de la fuerza. Lo único que se está haciendo es que se desborde el conflicto y que la sangre se siga derramando de manera inocente entre la gente que nada tiene que ver con esta guerra. (...) <media 6475>Descargar la entrevista completa (pdf)</media>