PBI quiere felicitar a las y los defensores de derechos humanos y activistas de México que han luchado durante décadas para hacer posible esta histórica decisión.
Durante varios días en julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de México examinó la sentencia Radilla, emitida en el año 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rosendo Radilla, fue víctima de desaparición forzada a manos del ejército Mexicano en el año 1974. El 5 de julio de 2011, la Suprema Corte resolvió que las instancias del sistema de justicia mexicano tenían la obligación de implementar las sentencias de la Corte Interamericana. El 12 de julio la Suprema Corte estableció que los miembros del ejército acusados de delitos por violaciones de derechos humanos contra la población civil deberían ser enjuiciados por tribunales civiles. Para llegar a decisiones se tomó en consideración la recientemente reforma de la Constitución Mexicana, que equipara la obligatoriedad de la constitución Mexicana y de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por México, y la sitúa por encima de la legislación ordinaria.
Entre los años 2009 y 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió cuatro sentencias sobre violaciones de derechos humanos de la población cometidos por militares. Son los casos de Rosendo Radilla, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera. En todas estas sentencias la Corte Interamericana ordenó a México realizar investigaciones y llevar ante la justicia civil a quienes resulten responsables de los delitos así como reformar la legislación de México para restringir el uso de los tribunales militares.
PBI acompaña desde agosto de 2003 a Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla y vicepresidente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM). Tita Radilla ha jugado un papel fundamental impulsando que el caso de su padre y otros en los que el ejército mexicano ha sido acusado por violaciones de derechos fundamentales sean examinados por la justicia civil.
PBI acompaña también a Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantu, víctimas de violaciones sexuales por integrantes del ejército en el año 2002. Con la ayuda de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, estas dos mujeres impulsaron durante muchos años sus demandas de justicia. Las dos representan a otros muchos mujeres y hombres, procedentes de comunidades indígenas o entornos empobrecidos y víctimas de violencia a manos de las fuerzas de seguridad. Ambas transmiten el mensaje de que sus esfuerzos pueden llevar justicia a las comunidades.