Las luchas por la defensa del agua en el estado de Puebla, y en particular en Santa María Zacatepec (SMZ), son un referente para América Latina por su tenacidad y capacidad de evidenciar los impactos de los megaproyectos y el accionar de las empresas transnacionales sobre los territorios de las comunidades originarias.
Parte de estas luchas se han reconocido por el rechazo enfático contra la extracción de agua por parte de la empresa Bonafont, de la filian francesa Danone, quienes vienen agotando los mantos acuíferos del subsuelo. Además, según las comunidades, estas empresas son responsables de la conformación de un socavón que se abrió cerca del pueblo de SMZ en el 2021 y que, al día de hoy, tiene más de 126 metros de profundidad y sigue en aumento. Aunque el socavón se ha convertido en una atracción turística, su existencia pone de relevo los impactos ambientales que las acciones de Bonafont están teniendo en el territorio y que las comunidades han denunciado a nivel nacional e internacional.
Este tipo de parques industriales comenzaron a ser implementados en Puebla hace cerca de 20 años, bajo la gobernación de Melquiades Morales Flores, con la pretensión de impulsar la industria y con la garantía que las empresas no se instalaran en el centro de la ciudad. Así fueron adquirido terrenos en la zona del Municipio de Juan C. Bonilla y vendido a bajos precios a particulares, bajo la promesa de generar inversiones sobre los mismos, que nunca se cumplió. La falta de planeación y la omisión de los protocolos internacionales sobre derechos ambientales llevaron a la construcción de parques industriales que, al día de hoy, no tienen en cuenta la importancia de los drenajes y el tratamiento adecuado de sus aguas residuales.
De esta manera y de forma irregular, el Parque Industrial Ciudad Textil desarrolló un proyecto para construir tuberías que condujeran sus aguas residuales hacia el Rio Metlapanapa. Consecuentemente, en octubre de 2019, las comunidades de Santa María Zacatepec, Huejotzingo y sectores aledaños, levantaron sus voces para manifestarse en contra de este proyecto y de la actitud permisiva de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS Puebla) ante la situación. De hecho, las comunidades nunca fueron tenidas en cuenta, ya que no se hizo efectivo su derecho a la consulta previa, libre e informada, descrito en los estándares internacionales. La justicia federal otorgó suspensiones y amparos en favor de las comunidades, concluyendo que se violó su derecho sustantivo a la libre determinación y si el Parque pretende continuar la obra deberá previamente consultar a las comunidades y garantizar la protección del río Metlapanapa.
A partir de estas acciones de protesta, la CEAS y el Gobierno de Puebla acusaron a Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-MPT, de haber promovido e impulsado la movilización, y con ella la quema de una camioneta de la CEAS durante la jornada. Esta acusación se tradujo en una orden de captura en contra de ambos defensores, quienes hacen parte de procesos sociales comunitarios y tienen una amplia trayectoria en defensa del territorio desde la comunicación popular en las comunidades. Los delitos que les imputaron fueron: obstrucción a obra pública, ataque a las vías de comunicación y ataque a los medios de transporte. Miguel López estuvo privado de la libertad durante 4 días en el mes de enero de 2020 y dejado en libertad gracias a la movilización de las comunidades y al amparo interpuesto por el abogado defensor. Estas acciones permitieron que fuese absuelto por dos de los delitos mencionados, al valorarse que no había pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, y asumiendo el compromiso de ir a firmar las actas de su proceso penal cada 15 días.
El 26 de octubre de 2021, le fue negado por cuarta vez el beneficio de suspensión condicional del proceso por la Unidad de Supervisión y Evaluación de Medidas Cautelares. Este mismo día, la CEAS presentó una apelación argumentando que se vulneró el debido proceso, argumentando que no había sido informada de la diligencia del pasado 29 de enero de 2020, a pesar de haber asistido a audiencias ulteriores, y que la decisión del tribunal había sido pública. Al examinar la apelación, el 1 de diciembre de 2022 el tribunal revoca la decisión de otorgar la libertad a Miguel y, por lo tanto, se repone el proceso citándole a una nueva audiencia para el 29 de Marzo de 2023.
Antes de la audiencia del 29 de Marzo, diferentes organizaciones nacionales e internacionales generaron acciones de visibilización y solicitudes al gobierno de Puebla para detener la judicialización y criminalización en contra de las y los defensores del agua.
En este contexto la CEAS manifestó en la audiencia que consideraba que los daños causados en su contra ya habían sido reparados y, por lo tanto, propuso otorgar el perdón indemnatos a Miguel, como una figura jurídica que culminaría el proceso penal. Sin embargo, esta propuesta siempre fue problemática para Miguel y las comunidades, ya que, a su juicio, los defensores fueron acusados injustamente y bajo pruebas fabricadas, y por ello no tenían que ser perdonados por la CEAS.
Días después el tribunal notificó que la figura del perdón indemnatos no era aplicable para los delitos procesados, y por lo tanto convocó a una nueva audiencia de imputación en contra de Miguel López, la cual se desarrolló el pasado 26 de abril del presente año. Allí, nuevamente los abogados defensores de Miguel, dejaron en evidencia las inconsistencias en las pruebas presentadas por la Fiscalía en relación a los testimonios presentados inicialmente por la CEAS, ya que se contradecían en el modo y tiempo de los acontecimientos, y a su vez se corroboró que el delito de obstrucción a que se realice una obra pública no era aplicable pues la manifestación no detuvo la obra en sí misma.
Ante estas contradicciones, la Jueza dictaminó un auto de no vinculación a proceso en favor de Miguel López Vega, absolviéndolo de los delitos de obstrucción a obra pública y ataque a los medios de transporte. En esta línea la defensa solicitó también la suspensión condicional del proceso frente al delito de obstrucción a las vías de comunicación. Cabe destacar que esta solicitud fue rechazada cuatro veces desde 2020, y que en esta audiencia el Ministerio Público accedió favorablemente a esta petición, acordando que el defensor fuese a firmar cada mes ante el juzgado, durante seis meses hasta octubre del presente año.
Si bien esta es una pequeña victoria de la movilización comunitaria en Zacatepec, aún queda sobre el camino el caso de Alejandro Torres, quien no ha sido notificado formalmente sobre su proceso penal y aún está vigente la orden de captura.
Esto pone en evidencia la falta de equidad entre los procesos: mientras que las acciones de judicialización y criminalización contra Miguel y Alejandro han continuado, las investigaciones contra el parque industrial ciudad Textil permanecen detenidas, y por ello las comunidades recuerdan que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha multado en diversas ocasiones al Parque por contaminación del agua, ya que son empresas del sector automotriz y textil cuya actividad requiere el tratamiento de sus aguas residuales, pero las han estado derramando a cielo abierto, contaminando el ambiente. La obra también fue clausurada por la Secretaría de Medio Ambiente porque no contaba con los permisos respectivos y ahora es objeto de investigación en la Fiscalía anticorrupción.
Lo que está sucediendo con la contaminación de los ríos y la extracción de las aguas del subsuelo en el estado de Puebla, es un trágico correlato de lo que sucede en diferentes latitudes del continente latinoamericano, pues las multinacionales y gobiernos siguen construyendo sus proyectos políticos y económicos a costa del bienestar de las comunidades y de los ecosistemas naturales. Ante esto las y los defensores de los territorios seguirán levantando su voz, extendiendo lazos de solidaridad y apoyo muto, dejando claro que sus luchas no son para el beneficio de unos pocos, sino que son luchas para que las nuevas generaciones vivan con condiciones mínimas de vida, por eso los territorios se defienden.