- Durante 2 horas, na savi, me´phaa, nahuas y amuzgos exponen 10 casos de violaciones a derechos humanos.
- Piden cese a la militarización, a la criminalización del movimiento social y respeto a los derechos humanos y pueblos indígenas.
- Louise Arbour ofrece compartir los testimonios en los lugares que visite.
Huamuxtitlán, Guerrero, Tlapa, a 7 de febrero de 2008.- Representantes de pueblos y organizaciones indígenas, así como defensores de derechos humanos pidieron ayer a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour que intervenga ante el presidente de la República, Felipe Calderón y el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo para que paren su estrategia de militarizar las zonas indígenas, cese la criminalización contra el movimiento social, y respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Como parte de su visita Oficial a México, Louise Arbour se reunió ayer con un centenar de indígenas na savi (mixtecos), me´phaa (tlapanecos), nahuas y Amuzgos de Guerrero, en un paraje del municipio de Huamuxtitlán; entre cadenas de Cempasúchil y música de viento. Ahí la representante de las Naciones Unidas escuchó 10 casos de violaciones a los derechos humanos, durante dos horas aproximadamente. Estuvo acompañada por el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, así como por los funcionarios de las Naciones Unidas, Paul Oertly y Allegra Franchetti.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) relató brevemente la lucha de resistencia y defensa de su territorio que han mantenido ante el intento de la Comisión Federal de Electricidad de construir una hidroeléctrica sobre sus tierras; luego pidió a la Alta Comisionada "que le diga al gobernador que respete las decisiones que tomaron nuestras comunidades, el 12 de agosto" en una Asamblea a la que acudieron comuneros que simpatizan con el proyecto y funcionarios de la paraestatal.
Valentina Rosendo Cantú, indígenas me´phaa que fue violada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano en 2002, relató su historia e informó que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. porque que "hasta hoy no hay justicia en México", "todos dicen Valentina miente, por eso pido a la señora (Louise Arbour) que intervenga ante el gobierno para que me hagan justicia, lo que quiero es justicia".
Por su parte, uno de los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) de Ayutla de los Libres en la costa Chica de Guerrero, Cuauthemoc Ramírez de igual modo pidió a la representante de las Naciones Unidas que sea portavoz y diga al gobierno federal y estatal que paren su "estrategia de exterminio" y de militarizar a los pueblos indígenas, porque "lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos, no estamos pidiendo militares, ellos sólo maltratan y son abusivos... cuando llegan los soldados las mujeres y los niños se asustan, no salen". "Esperamos que usted señora pueda tener influencia en el gobierno para que disminuyan esos abusos".
De igual modo, el dirigente del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Mep´haa de la variante lingüística Bátháá expuso su caso, dijo que estuvo encarcelado en cuatro ocasiones por demandar que se garantice el derecho a la educación en las 28 comunidades que hablan esa lengua. Agregó que el gobierno estatal lejos de dar una respuesta "nos mandó ordenes de aprehensión y soldados... por eso le solicitamos que le diga a Felipe Calderón y a Zeferino Torreblanca Galindo que no queremos soldados, que mejor nos manden proyectos productivos, que nos saquen de la pobreza, los soldados son para matar... y también que nos ayude a intervenir para que se cancelen las demandas penales, porque son acusados 17 padres de familia que sólo quieren educación para sus hijos".
Alma González Gálvez, indígena mixteca de Mini Numa, municipio de Metlatónoc explicó el proceso que han emprendido para que en su pueblo haya un centro de salud, un médico y medicinas. Destacó que han muerto seis personas entre ellas cuatro menores de edad, por enfermedades gastrointestinales. Denunció que la Secretaría de Salud ha asumido una actitud "racista" y por ello "le rogamos que interceda por nosotros".
En el caso de los esterilizados de manera forzada de El Camalote, el indígena me´phaa Orlando Manzanarez Lorenzo a nombre de sus compañeros también hizo saber de los "engaños" y beneficios sociales que prometió la Secretaría de Salud a cambio de que les practicaran una vasectomía. "Llevamos esperando 10 años y el gobierno no cumple, el gobierno se burla de los compañeros, en el pueblo se burlan de los compañeros y tienen problemas, por eso venimos para pedirle que el gobierno cumpla y que no se burle más de los indígenas, que le diga que nuestra dignidad vale más... pero el gobierno sólo mete militares para que no podamos defender nuestro derecho y para que no sigamos organizándonos... señora exprésele que cumpla, que nos apoye".
En otro momento, el jornalero agrícola, Celso Ventura hizo saber de su necesidad de justicia para su pequeño hijo Timoteo Ventura de 2 años, a quien le fue cercenado su brazo (en 2007) con una camioneta por un empleado de la empresa agrícola donde trabajaba en Chihuahua. Señaló mientras cargaba a Timoteo en sus brazos que "el patrón no ha querido responder por el brazo de mi hijo, queremos justicia porque quedó incapacitado, no tiene ya un brazo y los brazos para nosotros son lo único que tenemos para trabajar, para pizcar el maíz, para comer... hasta ahora sólo nos engañan, me dijeron que me iban a dar una beca, pero no es cierto, no nos dan nada".
De la Policía Comunitaria habló uno de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pánfilo solano Rodríguez. Habló de las bondades de este proyecto y denunció que el gobierno no quiere reconocer ese Sistema de Justicia y Seguridad Comunitaria que establecieron los pueblos, "a pesar de que han disminuido los delitos, ya no violan a las mujeres los delincuentes, ni hay asaltos". "Ojala y pueda intervenir para que los compañeros no sean perseguidos" pidió en referencia a las casi 30 órdenes de aprehensión que existen contra un igual número de policías, comandantes y dirigentes de la CRAC.
El caso de la Radio Comunitaria Ñomndaa ubicada Xochistlahuaca en la región de la Costa Chica, lo expuso uno de los integrantes del Comité el indígena amuzgo, Héctor Onofre, éste hizo saber a la Alta Comisionada que ese medio de comunicación es muy eficaz entre los pueblos, pero que lamentablemente ha sido por mantener este proyecto que el gobierno "nos ha perseguido y encarcelado". Agregó que incluso el Ejército los ha hostigado. En otro momento denunció que la alcaldesa de Xochistlahuaca abrió una radio similar, pero que está sólo está al servicio de los caciques de la región "se llama Radio Comunitaria La voz de los indígenas, pero no sirve realmente al pueblo".
Finalmente, intervino el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández; mencionó que fue detenido con 15 indígenas nahuas cuando asumía su tarea de observador durante un desalojo violento que hicieron policías municipales de Chilapa contra éstos últimos que sólo demandaban a la acaldesa, Alicia Zamora Villalba el "cumplimiento de una minuta de acuerdos que pactó con ellos con anterioridad". Señaló que el pasado 28 de febrero un juez les dictó a todos auto de formal prisión, por eso dijo: "Yo le pido señora que intervenga ante el gobernador, para que dicte un auto de libertad, hoy estamos libre bajo fianza, pero es evidente que en el gobierno del estado hay un desprecio hacia los pueblos indígenas y hacia el trabajo de los defensores de derechos humanos... además de que se continúa criminalizando la protesta social".
En su intervención Louise Arbour, expresó que le era difícil hacer alguna promesa por su corta estancia en México, pero que la oficina de la ONU en el país, daría un seguimiento a los casos. Destacó que los testimonios que escuchó serán como una especie de indicadores para el trabajo en su oficina.
La funcionaria de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza agregó de igual modo que las exposiciones significan "un camino por recorrer para que los derechos humanos de los pueblos indígenas se reconozcan" y para que la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas "sean una realidad". Ofreció en otro momento "compartir" los casos "a donde yo vaya".
Antes, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández citó cifras de analfabetismo y pobreza en la Montaña de Guerrero y destacó que los pueblos experimentan cada día "la incapacidad del Estado para dar respuesta justa al cumplimiento de sus derechos fundamentales". Enseguida resaltó que además "hay una exclusión de carácter estructural que impide que los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de derechos". Agregó que para esta ONG la historia oficial "sigue manchándose con actos relacionados con la persecución, detención, encarcelamiento y criminalización de líderes indígenas que han asumido el compromiso y la causa de los pueblos".
Publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, 7 de febrero de 2008, www.tlachinollan.org