Acción Urgente
Amnistía Internacional

El activista político oaxaqueño Juan Manuel Martínez y su abogada, Alba Cruz, han sido amenazados. Juan Manuel Martínez, recientemente excarcelado, corre peligro de ser detenido y acusado por segunda vez del mismo delito, sobre la base de las mismas pruebas.

Juan Manuel Martínez fue detenido en 2008 por el asesinato del periodista estadounidense Brad Will, pero quedó en libertad en febrero de 2010 después de que un tribunal federal resolviera que los cargos en su contra carecían de base. Durante su estancia en prisión fue amenazado e intimidado por unos hombres que fueron a visitarlo. A principios de diciembre de 2009, uno de esos hombres le dijo: “dile a tu abogada que se quede quieta, que ya se pasó, que deje de hacer tanto ruido –sabemos dónde viven y sus familiares”. Ese mismo mes se vio a unos hombres fotografiando a los hijos de Juan Manuel Martínez en la escuela. También en diciembre, alguien mató de un disparo al perro de la familia durante la noche.

La abogada de Juan Manuel Martínez, Alba Cruz, también ha sufrido numerosos ataques y amenazas. Desde septiembre de 2009, su auto ha sido manipulado en tres ocasiones: una de ellas le aflojaron los tornillos de las ruedas; otra, le rajaron los neumáticos; y otra, un auto se estrelló contra él mientras estaba aparcado. Otras dos veces, otro auto se ha estrellado contra el suyo mientras la abogada estaba en su interior, pero en ambas ocasiones los conductores huyeron. En agosto, Alba Cruz recibió un mensaje de texto que decía: “estas en la lista, perra y tu eres la siguiente”. El 26 de enero de 2010, vio a dos hombres de pie ante su oficina. Poco después recibió un mensaje de texto que decía: “ya te hablamos y le dijimos a ese pendejo […] los controlemos ustedes son vasura ya paren con su rebolucion o lamentaran” [sic]. Alba Cruz denunció las amenazas y los demás incidentes, pero no ha recibido medidas efectivas de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades mexicanas que le brinden medidas de protección, pero las autoridades no lo han hecho.

Juan Manuel Martínez fue detenido injustamente en octubre de 2008 tras una investigación llena de defectos llevada a cabo por la Procuraduría General de la República, y que dio lugar a que fuera acusado del homicidio, cometido en 2006, de Brad Will. Quedó en libertad el 19 de febrero de 2010 después de que un tribunal federal resolviera que los cargos contra él carecían de base y ordenara al juez estatal de primera instancia que lo dejara en libertad. Sin embargo, según su abogada, el juez estatal incluyó en los documentos de liberación alegaciones falsas sobre la implicación de Juan Manuel Martínez en el homicidio. Amnistía Internacional teme que estas alegaciones puedan utilizarse para presentar cargos infundados contra Juan Manuel Martínez que puedan dar lugar a su detención arbitraria.

En junio de 2006 estallaron protestas generalizadas en el estado de Oaxaca, en una campaña infructuosa por obligar al gobernador del estado a dimitir. La violencia política y las manifestaciones continuaron durante todo el año. Al menos 18 civiles murieron durante el conflicto, entre ellos Brad Will; al menos 370 resultaron heridos y 349 fueron detenidos. Hubo informes generalizados de uso de fuerza excesiva, detención arbitraria, tortura y presentación de cargos penales falsos contra manifestantes. En 2009, una investigación especial llevada a cabo por la Corte Suprema de México concluyó que debía exigirse responsabilidad a altos cargos del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis. Sin embargo, prácticamente ninguna autoridad federal, estatal o municipal responsable de los abusos ha rendido cuentas de sus actos. Las organizaciones de derechos humanos siguen haciendo campaña para que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos.

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