Ciudad de México, Agosto del 2010

Durante su visita a México la Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, mantuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil, las cuales le entregaron un breve informe sobre algunos de los problemas más acuciantes de México en materia de derechos humanos.

  1. Situación de riesgo de las defensoras y los defensores de derechos humanos
  2. Reforma constitucional del sistema de justicia penal de 2008
  3. Seguridad pública, militarización, aplicación extensiva de la jurisdicción militar y violencia en la frontera Norte del país
  4. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
  5. Discriminación
  6. Situación de las personas migrantes
  7. Deudas del Estado en materia de justicia transicional

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Resumen y breve valoración de los firmantes

Situación de riesgo de las defensoras y los defensores de derechos humanos:

el Estado mexicano debe asumir sus obligaciones de proteger y garantizar condiciones aptas para el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos, así como castigar a los responsables de ataques contra ellas y ellos. De igual modo, debe establecer mayores mecanismos de colaboración con los órganos de los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos para fortalecer la supervisión internacional en la salvaguarda de la integridad de las y los defensores;

Reforma constitucional del sistema de justicia penal de 2008:

el sistema de justicia penal que se implementa actualmente a nivel federal y local debe colocar el respeto y la protección de los derechos humanos en un lugar central, corrigiendo sus múltiples inadecuaciones a los estándares internacionales;

Seguridad pública, militarización, aplicación extensiva de la jurisdicción militar y violencia en la frontera Norte del país:

el Estado mexicano debe hacer efectiva la prohibición y la persecución de los delitos de desaparición forzada, tortura y las detenciones ilegales o arbitrarias; eliminar las figuras penales que abren la puerta a esas arbitrariedades, como es el caso del arraigo; así como las medidas encaminadas a institucionalizar la impunidad, como la aplicación extensiva de la jurisdicción militar al juzgamiento de militares que violan derechos humanos de civiles. De igual modo, debe ponerse fin a la militarización del territorio y de las funciones gubernamentales que en una situación de normalidad democrática competen exclusivamente a las autoridades civiles;

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales:

el Estado mexicano debe asumir la protección, garantía y promoción universal de estos derechos como una política de Estado que involucre a diversos sectores sociales, incluyendo a los pueblos indígenas, los sindicatos y las organizaciones sociales, y no como una política de coyuntura con fines que exceden el respeto de los derechos humanos;

Discriminación:

el Estado mexicano debe cumplir su obligación de prevenir, prohibir y sancionar toda forma de discriminación, situación que adquiere un carácter de urgente ante la diversificación, el incremento y la agudización de sus manifestaciones en la sociedad mexicana, particularmente contra las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTTI;

Situación de las personas migrantes:

el Estado mexicano debe actuar de conformidad con su discurso ante la comunidad internacional en el trato que dan las autoridades a las personas migrantes, independientemente de su origen, y adecuar el marco normativo sobre el tema a los más altos estándares internacionales;

Deudas del Estado en materia de justicia transicional:

pese a que la transición democrática regional generó expectativas legítimas de justicia de las víctimas de los crímenes del pasado, cuyos efectos son presentes, el Estado mexicano tiene aún pendiente el cumplimiento cabal de investigar, sancionar a los responsable y reparar integralmente a las víctimas por los daños materiales e inmateriales causados por las políticas represivas de los años sesenta a ochenta.

Organizaciones firmantes :

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C (AsiLegal)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-EDEFAM

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” OP. AC.

Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)

Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco"

Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latin

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Espacio DESC Frontera con Justicia, A.C.

Fundación Diego Lucero, A.C. Humanidad Sin Fronteras, A.C.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio A.C.

Nacidos en la Tempestad, A.C.

Organización Familia Pasta de Conchos

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

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