Comunicado de prensa, 9 de enero de 2011
CONFIRMA CNDH GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE ESTUDIANTES DE LA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS, DE AYOTZINAPA, GUERRERO
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Ombudsman nacional confirma en informe preliminar la veracidad de los testimonios de las víctimas y evidencia que las autoridades federales y estatales se han conducido sin apego a la verdad
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Documenta la ejecución extrajudicial de dos estudiantes, las agresiones por impacto de bala de al menos cuatro personas; las detenciones arbitrarias de al menos 24 y la tortura de al menos uno de ellos
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La difusión del informe preliminar debe alentar el deslinde de las responsabilidades penales, administrativas y políticas restantes.
- El informe preliminar de la CNDH evidencia que las autoridades de todos los niveles de gobierno han intentado deliberadamente falsear los hechos y encubrir a los responsables, como las víctimas denunciaron desde el inicio.
Tlapa de Comonfort, Guerrero.- El 12 de diciembre de 2012, el empleo de la fuerza letal en contra de una manifestación estudiantil de normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos, en Chilpancingo, Guerrero, dejó como saldo la muerte de dos estudiantes y un trabajador de gasolinera así como múltiples denuncias de tortura, detenciones arbitrarias, y de uso indebido del sistema de justicia penal en contra de los manifestantes. No obstante, los gobiernos estatal y federal buscaron desvirtuar los hechos, atribuyendo responsabilidad de los mismos a los propios estudiantes.
El día de hoy [9 de enero de 2012], en ejercicio de la nueva facultad conferida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conducir investigaciones especiales por violaciones graves a los derechos humanos, el Ombudsman Nacional presentó un informe preliminar de los hechos que confirma las denuncias elevadas por los estudiantes, evidenciando las falencias de las autoridades de los tres niveles de gobierno que intervinieron en los hechos.
De acuerdo con la CNDH, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Federal, la Policía Investigadora Ministerial del estado y la Policía Preventiva Estatal fue la causa directa de la muerte de tres personas, cuatro heridos por proyectil de arma de fuego, y 14 estudiantes víctimas de trato cruel, generando 29 víctimas directas y 2 indirectas. De tal suerte, la CNDH estableció de manera preliminar que en los hechos ocurrieron las más graves violaciones a los derechos humanos a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad, por el uso indebido de armas de fuego en contra de una manifestación pública.
En este sentido, el informe preliminar señala que los disparos de arma de fuego se prolongaron, por alrededor de seis minutos, proviniendo todos ellos de los 165 elementos de las corporaciones policiales federales, estatales y municipales presentes en los hechos, 67 de los cuales -al menos- portaban armas. Es de destacar que la CNDH concluyó, de manera contundente, “que el grupo de personas que se manifestaba públicamente no portaba arma de fuego alguna”.
Sobre este punto, es fundamental subrayar que el informe preliminar de la CNDH determina a partir de la labor pericial autónoma, que los disparos que privaron de la vida a Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, con “muy alta probabilidad” provinieron del lado poniente de la autopista, sitio donde el propio organismo ubica fundamentalmente a Policías Estatales y elementos de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero.
Igualmente, es de primera relevancia señalar que la CNDH documentó, a partir del testimonio de Gerardo Torres pero también de la prueba pericial resultante de la realización de un Protocolo de Estambul que incluyó estudios psicológicos y médicos, que fue torturado para incriminarlo en los hechos por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en lo que el Ombudsman calificó como una “falsa imputación de delitos”.
Las graves violaciones a derechos humanos, de acuerdo con la CNDH, fueron seguidas de una serie de conductas negligentes que se tradujeron en “acciones y omisiones en perjuicio de las investigaciones, respecto a la alteración y descuido en la preservación de los indicios, los cuerpos de las personas fallecidas y los medios de prueba en general”. A ello se aunó la omisión de las autoridades de brindar la más elemental asistencia humanitaria a las víctimas, lo que el Ombudsman nacional calificó como un trato que reveló el “desinterés” en las víctimas, y que constituyó una “falta de sensibilidad” tanto como un “trato indigno”.
Por otro lado, el Ombudsman Nacional exhibió la falta de cooperación de las autoridades y su deliberado intento de ocultar los hechos. Así, en su informe preliminar la CNDH señaló que la Secretaría de Seguridad Pública Federal presentó información “parcial” y “tardía”, destacando que el vocero de la Policía Federal deliberadamente mintió cuando en sus primeras declaraciones deslindó a dicha corporación de los hechos. Igualmente, el organismo público nacional destacó que el Director General de la Policía Ministerial del Estado presentó información falsa, cuando adujo que la mayoría de sus elementos acudieron desarmados. En ese sentido, el informe preliminar de la CNDH evidencia que las autoridades de todos los niveles de gobierno han intentado deliberadamente falsear los hechos y encubrir a los responsables, como las víctimas denunciaron desde el inicio.
Para Tlachinollan, el informe preliminar de la CNDH constituye un primer reconocimiento oficial de la verdad histórica de los hechos ocurridos el 12 de diciembre en Chilpancingo, que confirma las denuncias de los estudiantes y echa por tierra definitivamente los intentos de distorsionar lo ocurrido que han impulsado los gobiernos estatal y federal.
En ese sentido, llamamos al Ombudsman Nacional para que continúe sus investigaciones hasta la emisión de un informe final, en el que deberá profundizar el trabajo pericial mediante la reconstrucción de los hechos; analizar lo ocurrido a partir de los más altos estándares de protección a los derechos humanos; y recomendar medidas que garanticen la no repetición de los hechos, como lo solicitaran hace unos días más de 100 organizaciones civiles nacionales e internacionales.
En este sentido, es de esperarse que la primera ocasión en que se ejerce la nueva facultad de investigación de la CNDH en casos graves, siente un precedente novedoso y convincente sobre la incorporación en dicha pesquisa del derecho internacional de los derechos humanos y de mecanismos que garanticen la más amplia participación de las víctimas.Por otro lado, en virtud de lo documentado por la CNDH, exigimos que las investigaciones iniciadas en el ámbito ministerial se presenten a la brevedad ante las autoridades judiciales para que los responsables materiales e intelectuales sean penalmente sancionados conforme a derecho, recordando que la propia CNDH señala en su informe preliminar que debe permitirse a las víctimas y sus representantes intervenir y participar en las indagatorias, y que su seguridad debe garantizarse pues como el propio Ombudsman reitera, éstas y sus familiares cuentan con medidas cautelares.
Igualmente, dada la gravedad de los hechos documentados, es urgente el deslinde de las responsabilidades políticas que indudablemente surgen de los hechos, tanto como la atención a las causas estructurales que motivaron el conflicto. En coordinación con los normalistas de Ayotzinapa, Tlachinollan continuará impulsando acciones para que los hechos no queden en la impunidad.
Para mayor información y gestión de entrevistas
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Más información
Informe Preliminar de la CNDH sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación a los hechos del 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
Anexo del Informe Preliminar de la CNDH sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación a los hechos del 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Ayotzinapa 2012: entre el dolor y la esperanza y Las fuerzas oscuras, Periódico El Sur de Acapulco, Guerrero (México), 2 y 9 de enero de 2012 respectivamente.
Acompañamiento de PBI al Centro de Derechos Humanos de La Montaña 'Tlachinollan'.