México, D.F.- Ciudad Juárez es un caso paradigmático de los asesinatos a mujeres por razones de género en México que ha atraído la atención internacional, un fenómeno persistente a pesar del trabajo de las organizaciones de derechos humanos locales. Las mujeres activas en procesos penales de las violaciones a los derechos de otras mujeres son susceptibles también a agresiones, como señala el segundo informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de las personas defensoras en las Américas. El documento indica, además, que Chihuahua se encuentra entre las tres entidades federativas con mayor número de agresiones tanto a defensoras como defensores¹. El pasado mes de mayo, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) visitó las principales ciudades, Chihuahua y Ciudad Juárez, para conocer más a fondo la labor y riesgo de estas personas.

Situada al norte del país, en la frontera con los Estados Unidos, Chihuahua es el estado más grande de la República. Sus características geográficas facilitan el tráfico de armas², de drogas y la trata de personas, prácticas que han propiciado un clima de violencia, especialmente en el caso de Ciudad Juárez, la ciudad más poblada. Organizaciones de derechos humanos mexicanas han calificado de “sistemáticas” las violaciones de derechos humanos en el estado³.

Los últimos datos publicados sobre las agresiones a defensoras en Chihuahua son desalentadores. Mujeres como Luz Estela Castro, Alma Gómez, María Luisa García, Norma Andrade, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González interpusieron denuncias por amenazas en relación con su labor como defensoras. Josefina Reyes, Marisela Escobedo, María Magdalena Reyes, Luisa Ornelas y Susana Chávez fueron asesinadas entre 2010 y 2011, casi la mitad de los casos registrados en todo el país⁴.

Organizaciones sociales y de derechos humanos locales⁵ y autoridades civiles y militares⁶ compartieron con PBI su análisis de la coyuntura actual y presentaron algunas de las iniciativas de la sociedad civil y del gobierno para afrontar las vulneraciones a los derechos fundamentales de la población. Estas problemáticas van desde la desaparición forzada, la detención arbitraria, la ejecución extrajudicial y la tortura, hasta los derechos laborales y la violencia de género.

Defensoras forzadas

Norma Ledezma, directora de Justicia para Nuestras Hijas, probablemente hubiera preferido continuar su trabajo en la maquila si la desaparición y asesinato de su hija Paloma no le hubieran empujado a dedicarse por entero a la búsqueda de justicia. El Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en el caso el pasado mes de febrero, en respuesta a la solicitud formulada por la CIDH tras un acuerdo de solución amistosa entre Gobierno estatal y federal y los solicitantes. De no cumplirse las recomendaciones, el caso podría remitirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Norma Esther Andrade, cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, compartió una experiencia similar y se convirtió en defensora de derechos humanos. Su hija Lilia Alejandra García Andrade fue secuestrada en febrero de 2011 y encontrada asesinada un mes después. A raíz de su lucha por reclamar justicia sufrió dos graves ataques, en diciembre de 2011 y febrero de 2012, y tuvo que abandonar Chihuahua.

Estas defensoras se han formado a pulso para conocer el sistema de procuración de justicia y obtener avances de los casos por parte de las instituciones públicas, pero no han sido las únicas. Ricardo Alanís del Comité de Familiares de Desaparecidos, organización integrada por alrededor de 42 familias que han perdido a sus hijas, explicó a PBI cómo han aprendido a movilizarse y a generar acciones de presión hacia las autoridades para que sus casos sean investigados y para que la información que ellos mismos recogen se tome en cuenta. En su mayoría son madres y padres humildes: obreros, maquileros o trabajadores de oficios, sin recursos para contratar servicios externos. Les toca aprender rápidamente para llevar adelante cada nueva denuncia, sumada a las 796 investigaciones de víctimas acumuladas en la Fiscalía estatal de 2009 a 2011⁷. Algunas de ellas yacen aún en el Servicio Médico Forense, sin una investigación abierta y sin que los cuerpos sean entregados a sus familiares.

Lucha Castro y el equipo que sostiene el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) empezaron en 1994 con la organización El Barzón a trabajar asuntos de derechos de propiedad. Entonces las denuncias por la desaparición de mujeres se hicieron cada vez más frecuentes y muchas personas acudieron a ellos para pedir ayuda en el proceso jurídico. Posteriormente, comenzaron a recibir más casos relacionados con la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Para atender estas demandas, surgió el CEDEHM.

Mujeres por México trabaja en la misma línea. Allí Héctor es el único hombre de las acompañantes solidarias; a él le tocó aprender porque a su negocio llegaban mujeres buscando a su esposa para solicitar ayuda y asesoría sobre agresiones. Como ella no siempre permanecía en el negocio, Héctor sintió el deber moral de convertirse en defensor de derechos humanos y ahora acompaña a las mujeres víctimas de agresión en el proceso de denuncia y de reclamación de justicia.

La sociedad civil organizada de Chihuahua y de Ciudad Juárez ha logrado la implementación de políticas públicas y de esta forma ir cerrando la brecha causada por la violencia de género. Algunas de ellas son resultado de la sentencia de la CoIDH bautizada como “Campo algodonero”, emitida el 16 de noviembre de 2009. Del fallo de la Corte se desprendieron varias recomendaciones que exigen al Estado la aplicación de reformas y políticas. Como parte de estas adecuaciones se creó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y el Protocolo Alba, para la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas.

En un contexto de violencia estructural y de fuerte presencia del crimen organizado como es el de Chihuahua, las violaciones de derechos humanos por motivos de género se diluyen frente otras problemáticas. Sin embargo, La Red Mesa de Mujeres, integrada por 10 organizaciones, ha creado un tejido social para levantar la voz y hacerse escuchar. Su labor les ha llevado a obtener visibilidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Una de sus dificultades, dicen, reside en dar a conocer en el exterior del país el día a día de lo que sucede en Ciudad Juárez.

Hostigamientos y agresiones en Chihuahua

En agosto del 2010, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos solicitó la intervención urgente de las autoridades mexicanas ante situación de hostigamiento de Emilia González, una de las integrantes de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC). La organización trabaja, entre otros casos, a favor de los derechos territoriales de la población indígena de la Sierra Tarahumara y las denuncias a elementos de la seguridad pública implicados en la masacre de Creel, poblado ubicado en la zona oeste de Chihuahua, en el que fallecieron 12 jóvenes y un bebé.

Desde enero de 2010, la Señora Emilia González, hostigada junto al CEDEHM y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, es representante legal en casos de desaparición forzada. Debido al riesgo por su labor, la CoIDH le concedió medidas provisionales el 4 de marzo de ese año. Paso del Norte es también una organización de trayectoria reconocida en el estado. Por acompañar casos de tortura, desaparición forzada, detención arbitraria y ejecución extrajudicial afrontan un alto riesgo de agresiones. En junio de 2011 denunciaron el allanamiento de su sede por parte de la Policía Federal, institución que recibió recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos este año⁸.

La militarización del estado para combatir el narcotráfico ha conllevado un incremento de las denuncias por tortura de parte elementos de la fuerza pública, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en ciudades como Juárez. Si bien las estadisticas oficiales muestran una disminución en delitos de alto impacto, las denuncias de civiles y organizaciones de la sociedad civil se hacen más notorias. Es competencia del Estado brindar el apoyo necesario a estas organizaciones para que se acometan las investigaciones y se esclarezcan los hechos ante la justicia.

Agradecemos a las y los defensores el tiempo y las experiencias compartidas. PBI hace especial hincapié en la importancia de apoyar, proteger y reconocer la labor de quienes defienden y promueven los derechos humanos en Chihuahua. Así mismo, damos las gracias a las autoridades chihuahuenses por presentarnos los avances en materia de derechos humanos y los problemas que aún se afrontan en el estado.