El 6 de julio, en el marco del 163 periodo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Perú, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como familiares y representantes de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014, participaron en la sesión sobre el mecanismo especial de seguimiento del caso.

Durante la sesión, la delegación del estado mexicano informó sobre avances en las investigaciones del caso, mismos que fueron calificados como “magros” por familiares y representantes de los jóvenes desaparecidos, quienes además señalaron que existiría una falta de voluntad para encontrar la verdad en el caso.

Durante la sesión de la CIDH, el comisionado Paulo Baluchi leyó la nota sobre otra posible pista sobre el paradero de los estudiantes donde se señala que en la noche de los hechos en septiembre 2014 unos 20 estudiantes habrían sido trasladados por un grupo del crimen organizado hasta La Gavia, un pueblo ubicado al sur de San Miguel Totolapan, en la zona guerrerense de Tierra Caliente.

Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan para el caso Ayotzinapa, solicitó que la PGR abra una nueva línea de investigación y que se añada a las cuatro líneas de investigación ya recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Cabe señalar que durante la misma sesión, el comisionado James Cavallaro de la CIDH comentó que el GIEI habría recibido en marzo 2016, mensajes similares a los señalados como enlaces para espionaje, caso que ha generado la preocupación de actores nacionales e internacionales, quienes han señalado que esto podrían significar una vigilancia hacia personas defensoras de derechos humanos mexicanos, a organismos internacionales, así como a familiares en búsqueda de justicia.