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El Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia y la Fundación Abogacía Española realizaron en abril 2018, una visita a los Estados de Chihuahua, Coahuila y Ciudad de México, organizada por Brigadas Internacionales de Paz -PBI México. Esta delegación se reunió con organizaciones de abogados/as y de derechos humanos, autoridades de gobierno mexicano y cuerpo diplomático y, pretendía tanto consolidar una relación de expertos juristas de México y España como visibilizar la situación de la abogacía que defiende derechos humanos y los casos que tramitan.

El informe de la misión, "México: la Encrucijada Permanente", recopila las observaciones y conclusiones de las y los expertos juristas sobre los elementos coyunturales, el marco normativo y los casos que impactan directa e indirectamente sobre el riesgo de personas defensoras que ejercen la abogacía. Entre las conclusiones, destacan que la inseguridad se ve agravada por la estigmatización social, la difamación y las descalificaciones hacia su trabajo o sus instituciones, que de forma intencionada se realiza para legitimar la violencia ejercida contra ellos. Advierten también que el riesgo aumenta particularmente en los momentos procesales correspondientes a las audiencias o la toma de declaraciones. Para afrontar esta situación, recomiendan al Estado mexicano poner en marcha una política integral de protección apegada a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que parte del reconocimiento de la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas defensoras puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos.

Sobre los marcos normativos se detienen en profundizar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Respecto a la problemática de la tortura, en el informe se listan algunas propuestas para enfrentar los retos que persisten en la implementación de la ley, como por ejemplo la exclusión de pruebas ilícitas y situar en un lugar central de la investigación la prueba científica.

El informe también refiere a la Ley de Seguridad Interior y a las consecuencias que la estrategia de seguridad actual ha tenido en la comisión de violaciones a los derechos humanos. El caso Alvarado Espinoza y otros, se presenta como un caso paradigmático en el marco de una política de seguridad militarizada, al ser el primer caso aceptado por la Corte IDH sobre desapariciones forzadas ocurridas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, bajo el Operativo Conjunto Chihuahua. La delegación de abogados/as retoma las recomendaciones de la ONU y CIDH sobre la retirada de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública.

El informe "México: La Encrucijada Permanente" se presentó en Bilbao, Madrid y Bruselas y cuenta con el apoyo del Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo. En las presentaciones, se contó con la participación de PBI a lado del director de la Casa del Migrante Saltillo Alberto Xicoténcatl y la abogada Norma Quintero del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Las conclusiones y recomendaciones del informe se compartieron igualmente con diversos representantes de las instituciones europeas y Gobierno español en reuniones de incidencia.

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Los casos que generarían una situación de riesgo se encuentran relacionados con la denuncia de delitos tales como la tortura, trata de seres humanos, despojo de tierras, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y asesinato.