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El 21 de agosto del 2019, en el Centro Universitario Cultural de la Universidad Autónoma de México, el Comité Cerezo y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh), presentaron su octavo informe “Defender los derechos Humanos en México ¿El fin de la impunidad?”.

Considerando el periodo del 1ro de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019, este informe resalta las cifras de las violaciones de derechos humanos cometidas por el estado mexicano en contra de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo un extenso rango de tipos de violaciones que se perpetran en este pais; como las ejecuciónes extrajudiciales, desapariciónes forzadas, detenciónes arbitrarias, amenazas, hostigamientos y ataques físicos.

Segun las cifras presentadas, las detenciones realizadas en el año 2018 decrecieron más de 50% con respecto al año 2017. Si bien las detenciones arbitrarias presentan una disminución en el gobierno actual, las ejecuciones extrajudiciales se mantuvieron con cifras alarmantes, teniendo como población más afectada defensores de tierra y territorio y población indígena. Hay que señalar que durante el periodo cubierto por el informe, 38 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Al evento asistieron diversas organizaciones nacionales e internacionales y entidades encargadas de la protección de los derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todos” (Red TDT), la Red de Periodistas de A Pie y Rosa Luxemburgo que destacaron la importancia de este informe para el acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la construcción de memoria y defensa de los derechos humanos.

Por su parte, en las declaraciones dadas durante el evento, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab resaltó que la labor de documentación y análisis contenida en el informe y sostenida a lo largo de los años, fomenta el debate social y cambios legales que permitan que las personas defensoras cuenten con las garantías necesarias para el ejercicio de su labor.