El año 2000, en el Estado de Guerrero donde todavía no se hacia presencia internacional, PBI empieza sus primeros acompañamientos a organizaciones locales de defensa de los derechos humanos. Ya habían pasado cinco años desde las primeras peticiones de acompañamiento por parte del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ) en Chiapas después el levantamiento Zapatista en 1994. En diciembre de 2003, PBI empezó a acompañar a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en su nueva oficina de Ayutla de los Libres. Abel Barrera Hernández, antropólogo y director de esa organización, nos habla de la llegada de PBI a Guerrero y de esos 17 años de trabajo en conjunto.
¿Cómo era la situación de orden público en Guerrero en los años 2000?
Eran momentos críticos en Guerrero. Había un panorama sumamente violento donde el ejército estaba tomando el control. Podíamos observar muchos casos de tortura por parte del ejército a la población, por considerar que hacían parte de la guerrilla. En 1998 fue la masacre del Charco: 11 jóvenes indígenas fueron ejecutados por soldados en Tlatlaya. Era un contexto de violencia de Estado que se estaba institucionalizando. Había la necesidad de que las autoridades entendieran que no podían usar su fuerza así.
¿En este contexto, cómo fue recibida la presencia permanente de una organización internacional en el Estado de Guerrero?
La llegada de PBI desconcertó a las autoridades estatales: no entendían la importancia de una organización internacional de derechos humanos en cuanto a la situación de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. Lo consideraban una intromisión a la vida pública y una presencia incómoda.
¿El equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tenía dudas sobre la llegada de PBI?
Por nuestra parte no, pero la inteligencia local era muy burda y decía que las ONG financiaban los grupos violentos, línea que se mantiene hasta la fecha. Observamos una postura de descalificación grande hacia las ONGs internacionales, eran acusadas de injerencia. Hubo varias campañas de desprestigio.
¿Cuál fue el papel de PBI en esos años en Guerrero?
Estar en terreno, ser un testimonio directo y documentar las violaciones de derechos humanos. En ese momento, Valentina e Inés1, acompañadas por la OPIM estaban enfrentando muchos obstáculos para pedir justicia. Había un gran riesgo de denunciar al ejército – era (y sigue siendo) intocable.
A nivel interno, con PBI, teníamos reuniones permanentes con mucha retroalimentación: con la red guerrerense de organizaciones de derechos humanos logramos construir una nueva narrativa. Se pudo mostrar otra perspectiva de la lucha por los derechos humanos. El testimonio vivo de PBI ayudó a que se entendiera que nuestro trabajo no era la confrontación con el ejército sino luchar por la dignidad y la vida.
¿En qué fue un apoyo PBI para Tlachinollan?
PBI nos ayudó a establecer contactos con las autoridades estatales. Desde el principio vimos importante su presencia en la Ciudad de México para hacer incidencia a nivel federal e internacional. Documentó nuestros acompañamientos en Chilpancingo, en Tlapa y en la Costa Grande para trascender las fronteras del Estado y de la República. Las giras internacionales fueron muy importantes para difundir nuestro trabajo. Sentimos protección y visibilización en Europa.
¿Cuáles fueron los aportes de PBI en estos 12 años de acompañamiento?
Hicimos muchas reuniones de trabajo en Chilpancingo, pero también había mucha convivencia. Tuvimos una relación muy fluida y familiar. Compartimos momentos importantes como en los aniversarios y así conocieron la gastronomía y el espíritu festivo de los Guerrerenses.
Tampoco olvidamos que fueron ex voluntarias y voluntarios de PBI quienes abrieron el área internacional de Tlachinollan. PBI tiene un papel importante para nosotros en cuanto a la lucha para la justicia y la verdad, pero también en el sentirse una familia.
1 El 16 de febrero de 2002 Valentina Rosendo Cantú, una indígena me’phaa de 17 años, fue violada durante el trascurso de un interrogatorio por miembros del Ejército mexicano en su comunidad de Barranca Bejuco. Un mes más tarde, Inés Fernández Ortega, mujer indígena Me’phaa, fue también asaltada sexualmente por militares que allanaron su domicilio en Barranca Tecuani.