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Balance del nuevo gobierno

Desde PBI observamos acciones importantes por parte del nuevo gobierno de AMLO que favorecen la protección de las personas defensoras de derechos humanos en México, mientras que al mismo tiempo notamos algunas otras tendencias que nos preocupan.  En este artículo, miramos algunos de los logros y los retos para el nuevo gobierno y las reacciones por parte de la sociedad civil mexicana e internacional sobre las primeras semanas del gobierno de MORENA.

Presos Políticos

Desde su toma de posesión, el gobierno de AMLO ha liberado a 16 presos políticos.  Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, afirmó que «Tenemos liberadas a 16 personas y 368 casos en la mesa. Muchas de ellas inclusive no han tenido una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad, ni condenas absolutorias».  Este proceso de revisión de casos de encarcelación de activistas y líderes sociales marca un precedente importante y desde PBI saludamos la iniciativa de poner fin a la criminalización de la protesta social.

Ayotzinapa

Desde la toma de posesión, y hasta antes, el gobierno de AMLO se ha comprometido a reabrir la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.  El 3 de diciembre 2018 se creó una Comisión Presidencial coordinada por el Subsecretaría de Derechos Humanos para retomar la investigación hecha por la PGR.  Las organizaciones que representan a las y los familiares de personas desaparecidas en todo el país reconoce este hecho como algo importante en la lucha en contra del fenómeno de la impunidad generalizada que acompaña estos casos, aunque también notan que solo representa el inicio del proceso de la búsqueda de la verdad. En este sentido, PBI exige que todos los casos de desaparición forzada reciban atención adecuada por parte de las autoridades mexicanas y que las víctimas tengan acceso a la justicia.

Militarización

La militarización del país sigue preocupando a la sociedad civil mexicana e internacional.  Desde el gobierno de Felipe Calderón, la “Guerra en contra del narco” ha resultado en un aumento drástico de violencia en el país con cifras espantosas de violaciones de derechos humanos.  Las organizaciones que PBI acompaña vinculan esta estrategia militar con la crisis de derechos humanos en que el país todavía se encuentra.  En este marco, la propuesta de una Guardia Nacional, por parte del gobierno de AMLO, preocupa seriamente a organizaciones de derechos humanos. 

La Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ha manifestado su firme rechazo ante la creación de una guardia nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional integrada por policías militares, navales y elementos de las Fuerzas Armadas. De la misma forma que se ha opuesto de forma contundente a que dicha institución tenga funciones de prevención, investigación, detención y presentación de detenidos.

Amnistía Internacional también ha expresado su preocupación sobre la propuesta y la prolongación de una estrategia de militarización de seguridad pública.  Su preocupación principal es que en la propuesta de la reforma constitucional que creará la Guardia Nacional, no se impone limites claros a las funciones de seguridad pública de las fuerzas armadas, requeridos bajo el derecho internacional.

Defensa del Territorio

Durante el año pasado, desde PBI expresamos nuestra preocupación sobre el aumento de violencia contra personas defensoras de la tierra y territorio. Las organizaciones que acompañamos siguen preocupadas por la posición de AMLO sobre los derechos de los pueblos indígenas, dado que sus discursos pretenden respetar a su autonomía, pero continua con iniciativas de megaproyectos como el Tren Maya o nuevas inversiones mineras. Desde su campaña electoral, AMLO ha hablado de los beneficios de los megaproyectos y las grandes inversiones económicas en los territorios de la República. De esta manera, desde PBI seguimos expresando nuestra preocupación por las tensiones que esta explotación de recursos y terreno generará, y como resultado, el riesgo que implicará para las comunidades en procesos de resistencia en sus territorios.