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Informe Espacio OSC: “Protección Integral para Personas Defensoras de DDHH y Periodistas, la deuda del Estado Mexicano”

Informe Espacio OSC: “Protección Integral para Personas Defensoras de DDHH y Periodistas, la deuda del Estado Mexicano”

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El pasado 26 de julio tuvo lugar el lanzamiento del tercer informe del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC). El evento contó con la participación de miembros de la sociedad civil mexicana, organizaciones internacionales, miembros de Cuerpo Diplomático, medios de comunicación, comunidad académica y autoridades gubernamentales.

El panel de presentación estuvo conformado por Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos; Roberto Rafael Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos; Iván García, académico; María Martín de Just Associates; Frida Guerrera, periodista y beneficiaria del Mecanismo de Protección; Norma Garduño, defensora integrante del Movimiento por la Paz y beneficiaria del Mecanismo de Protección; y Armando García Salazar, defensor representante de la comunidad otomí y beneficiario del Mecanismo de Protección.

El informe presentado, es un diagnóstico con recomendaciones, en donde, además de identificar avances y pendientes del Mecanismo de Protección, se emiten una serie de recomendaciones.

Desde la sociedad civil representada en el panel, se coincidió en la importancia de una política integral del Mecanismo de Protección, que no sea puramente reactiva a la hora de responder a las necesidades de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por su parte, el Subsecretario Campa mencionó la importancia de la labor de las personas defensoras y periodistas y reconoció falta de coordinación que existe actualmente con instancias locales en los estados, por lo cual señaló que se estarían preparando Unidades Estatales de Protección.

Cabe señalar que el Espacio OSC es acompañado por PBI México desde su conformación en 2012 y en un informe conjunto con WOLA, realizado el año 2016 ya se había destacado que en varios de los casos analizados las medidas de protección no son implementadas adecuadamente y que existe un desfase entre los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y las medidas de protección que se les asignan.