Según una investigación de Citizen Lab personas defensoras de derechos humanos, periodistas de alto perfil y activistas anticorrupción de México, habrían sido afectados por el uso del software “Pegasus”, el cual se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos, pudiendo monitorear la vida diaria de una persona a través de su celular.

Según la empresa que fabrica el software, la herramienta se vende de forma exclusiva a gobiernos, con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas.

El gobierno rechazó que alguna de sus dependencias realizara acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones sin previa autorización judicial. En conferencia de prensa, periodistas y defensores de derechos humanos anunciaron que presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable por el presunto espionaje.

Por su parte, la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con ARTICLE 19 y SocialTIC, señalaron que han documentado 76 intentos de infección con Pegasus, en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México entre enero de 2015 y julio de 2016, el mismo se habría dado durante “coyunturas críticas de su labor”; como el caso del Centro Prodh, en donde los intentos de infección fueron durante coyunturas clave, como el décimo aniversario de la represión en Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI.

Las organizaciones antes mencionadas exigieron que se permita la intervención de un Panel Independiente de Expertos en la investigación a cargo de PGR, y que se transparenten los contratos y documentos sobre Pegasus.

El Espacio OSC, exhortó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que emprenda acciones inmediatas para generar elementos de diagnóstico y análisis. Y por su parte, la Red TdT manifestó preocupación por el que otras personas defensoras pudieran haber sido también víctimas de estas acciones, entre ellos, integrantes del Comité Cerezo México (OSC acompañada por PBI).

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, calificó de “especialmente grave” el hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho.

Aí mismo, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT), urgió a las autoridades mexicanas a realizar las investigaciones pertinentes, independientes y exhaustivas acerca de estos hechos y a proteger la labor de defensores de derechos humanos y periodistas.