¿Por qué un Mecanismo de Protección?
Organismos nacionales e internacionales han reconocido la situación de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Las instancias de derechos humanos de la ONU y la OEA han emitido diversos informes que muestran las graves agresiones que enfrentan.
La OACNUDH registró, de noviembre de 2010 a diciembre de 2012, 89 presuntos actos de agresión en contra de los y las defensoras de derechos humanos, sus organizaciones o familiares, destacando las amenazas, las injerencias arbitrarias y los ataques como principales tipos de agresión. Casi la totalidad de los casos se mantiene en la impunidad.
En relación a los periodistas, han sido documentados hostigamientos, agresiones y amenazas, desapariciones y asesinatos. Tras la visita conjunta del Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión y de la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Libertad de Expresión en agosto de 2010, ambos expresaron preocupación ante los altos niveles de violencia que enfrentan los comunicadores y la necesidad de que el Estado mexicano implemente las medidas efectivas para su protección.
Señalaron en sus respectivos informes, presentados en 2011, que México ha sido en la última década el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas, con 66 periodistas asesinados y 12 desaparecidos.
Los y las beneficiarias de medidas de protección, otorgadas por las Comisiones Estatales y Nacional de Derechos Humanos o por el Sistema Interamericano, han identificado preocupantes debilidades: la carencia de una adecuada implementación de estas medidas de forma consensuada con los propios beneficiarios (de acuerdo a sus contextos socioculturales y a su situación de riesgo) y una falta de coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales.
En este contexto, las recomendaciones de organismos internacionales y las necesidades planteadas por la sociedad civil a México señalaban la urgencia de implementar un mecanismo especial que protegiera, promoviera e hiciera efectivos los derechos y las libertades fundamentales de las personas defensoras y periodistas. Como experiencia, el Mecanismo de Protección para Periodistas, creado por decreto presidencial en 2010, fue entonces ampliamente criticado por su falta de transparencia, adecuación y efectividad.
Hacia un Mecanismo Gubernamental de Protección
La propuesta de un mecanismo gubernamental de protección
En 2010, un amplio número de organizaciones de derechos humanos y periodistas se unieron para formar el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) y elaboraron una propuesta para la creación de un mecanismo de protección en octubre de ese año. La propuesta resumía los elementos mínimos necesarios para un mecanismo de prevención, protección e investigación efectivo.
Desde el principio, PBI dio seguimiento al proceso de creación del mecanismo de protección gubernamental: por un lado, participando como consultor externo en las reuniones del Espacio OSC, y por otro, sensibilizando a las autoridades mexicanas acerca de la necesidad de un mecanismo y metodologías para el análisis de riesgo.
El Decreto Presidencial
El 7 de julio de 2011, durante la visita a México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, el Presidente Felipe Calderón firmó un decreto presidencial autorizando a la Secretaría de Gobernación (Segob) el desarrollo y la implementación de un mecanismo de protección.
El Espacio OSC transmitió sus observaciones y comentarios repetidamente a la Segob, de forma escrita y a través de diálogos cara a cara, para que los mínimos esbozados en su propuesta original fueran incorporados en los lineamientos del mecanismo de protección. Este documento ayudó a informar acerca de la elaboración del reglamento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La iniciativa de Ley
En paralelo al diálogo con Segob, miembros del Espacio OSC propusieron en el Senado una iniciativa de ley para respaldar el mecanismo de protección. La iniciativa legislativa fue complementaria al diálogo con el Ejecutivo: esta provee de la base legal necesaria para garantizar que los órganos de gobierno implementen medidas de protección y asegura que el mecanismo mantenga su capacidad operativa a pesar de los cambios políticos de cada legislatura.
La iniciativa respondió a las recomendaciones internacionales realizadas por Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos en 2009 y retomó experiencias previas de mecanismos de protección en otros países.
La iniciativa de ley es un ejemplo de buena práctica a nivel mundial, ya que representantes del Espacio OSC diseñaron y redactaron la Ley, junto con asesores técnicos de los tres partidos mayoritarios en el Congreso.
Tanto PBI como Amnistía Internacional acompañaron todas las fases del proceso de elaboración de la propuesta. La ley fue finalmente aprobada de forma unánime al término de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión de México el 30 de abril. El presidente Felipe Calderón promulgó la ley el 22 de junio de 2012.
Como resultado, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas finalmente entró en funcionamiento en noviembre de 2012.
El 11 de diciembre de 2012, la subsecretaria de Derechos Humanos Lía Limón reconoció la situación de riesgo enfrentando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la responsabilidad del Estado en protegerles, y se comprometió a que el gobierno federal priorizaría la implementación del Mecanismo de Protección.
Para más informacion sobre el mecanismo de protección y su estado de implementación, ver:
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (sitio oficial del gobierno mexicano)
Espacio_OSC Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas