Según el Informe 2016/2017 de Amnistía Internacional, la violencia contra mujeres y niñas en México sigue siendo “endémica”. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México muestran que más del 62% de las mujeres mexicanas sufren violencia durante sus vidas. Ante la gravedad de la violencia contra mujeres, Alertas de Género han sido activadas en 13 estados mexicanos, cubriendo más de 110 municipios.

El caso más extremo de violencia contra mujeres es el feminicidio. En México, el caso conocido como Campo Algodonero ganó notoriedad por la sentencia del 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado mexicano por fallar en investigar los asesinatos de varias mujeres en Ciudad Juárez. Con casi 10 mil asesinatos de mujeres entre 2012 y 2016, México ha sido clasificado como uno de los 25 países más peligrosos del mundo para las mujeres.

Aunque el feminicidio haya sido tipificado en México a nivel federal y en todas las entidades federativas del país, salvo Chihuahua y Nayarit, organizaciones de la sociedad civil así como instancias internacionales han identificado graves fallos en el manejo de los casos de feminicidio en diferentes estados. Entre las más graves están la falta de consideración de aspectos importantes como la relación entre la víctima y el victimario, antecedentes de violencia, amenazas o el trato del cuerpo de la víctima como elementos a ser tomados en cuenta.

Eso contribuye a que menos de un quinto de los asesinatos de mujeres sean investigados como feminicidios y la impunidad puede llegar hasta los 95%. Entre 2011 y 2015, hubo apenas 169 sentencias de feminicidio en nueve estados del país – en los otros 23 no hubo ninguna. Familias de mujeres asesinadas a menudo experimentan revictimización, criminalización y falta de perspectiva de género en sus búsquedas por justicia.

Ante este contexto, las mujeres defensoras de derechos humanos en México enfrentan un doble riesgo al realizar su trabajo: por defender los derechos humanos y por ser mujeres. A los altos niveles de violencia, que inhiben su participación en la vida pública, se suman estereotipos y normas culturales que cuestionan la actuación política y social de las mujeres.

El acoso y la difamación pública contra mujeres defensoras suelen ser el inicio de una serie de violencias psicológicas, físicas y sexuales. Además, varias mujeres defensoras han recibido amenazas contra sus hijos e hijas, lo que demuestra la dimensión de género del hostigamiento que sufren.

De fines de 2012 a mitad de 2017, se registraron 280 agresiones contra mujeres defensoras, 15 ejecuciones extrajudiciales y al menos cuatro víctimas de desaparición forzada. De 1.037 personas defensoras afectadas por violaciones en este periodo, el 27% fueron mujeres. La detención arbitraria y el hostigamiento fueron las violaciones más comunes, seguidas de amenazas de muerte y actos de vigilancia.

Mujeres que defienden el derecho de sus comunidades a sus tierras, territorios y un medio ambiente sano han denunciado sufrir estigmatización, obstáculos para su participación en procesos de toma de decisiones y marginación dentro de sus propios movimientos y comunidades. Un informe de la AWID ha identificado una tendencia general de represión y violencia de género contra defensoras ambientales perpetradas por empresas, autoridades gubernamentales, servicios de seguridad privados y también por parte de integrantes de sus propias familias, comunidades y movimientos sociales.

Defensoras en México han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la justicia social, la paz y los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas, de la población LGBTI, de las víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de las y los migrantes. Por ello, su potencial de promover cambios sociales positivos merece todo el apoyo que la comunidad internacional les pueda brindar.

Marco Legal: En el 2015, un amparo histórico de la Suprema Corte de Justicia por el asesinato de Mariana Lima estableció que la muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género para determinar si fue o no un feminicidio. Además, México tiene obligaciones internacionales en la materia, siendo parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

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