En los últimos meses, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón -OSC acompañada por PBI- ha señalado en varias ocasiones la persistencia de la problemática de desplazamiento forzado en el Estado de Guerrero, especialmente en los municipios y comunidades de Chilapa de Álvarez y Zitlala.
Según el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, en un lapso de solo tres meses aproximadamente 800 familias indígenas Nahua habrían huido de las comunidades Tepozcuautla, Ahuihuiyuco, Lodo Grande y Tetitlan de la Lima tras haber sido amenazas por el crimen organizado. Muchas familias que han sido desplazadas han debido regresar a sus comunidades, en donde continúa viviendo con la carencia de servicios básicos, así como en un entorno en donde continúa la inseguridad.
Un hecho que ha marcado especial preocupación acerca de la vulnerabilidad y el alto riesgo de personas desplazadas que decidieron retornar a sus comunidades, es el reciente asesinato de Benigno Marabel Tlatempa, y la grave lesión de Salomón Lara Tlatempa, ambos hechos ocurridos el 12 de julio en Zitlala. Tanto el Sr. Benigno como el Sr. Salomón, pertenecían a la comunidad Quetzalcoatlán de las Palmas, desplazada en enero 2016, cuando fueron asesinadas seis personas lo que provocó el desplazamiento de 78 personas.
A partir de marzo del mismo año, varias familias desplazadas empezaron a regresar a Quetzalcoatlán, debido al otorgamiento de medidas cautelares para la seguridad de la comunidad emitidas por la CODDEHUM.
Con los recientes ataques contra miembros de la comunidad, el Centro Morelos ha señalado que ante el incumplimiento de necesidades básicas como la alimentación, los pobladores se ven obligados a salir de la comunidad y con eso del perímetro de seguridad otorgado, exponiéndose a los mismos riesgos que persisten.
Cabe destacar que el desplazamiento forzado no es algo nuevo ni en el Estado de Guerrero, ni en México. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) estima que desde 2009 hasta enero de 2017, un total de 310,527 personas se desplazaron en México debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos.