El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código-DH) es una organización de la sociedad civil que ofrece asesoría y defensa legal, médica y psicológica a víctimas de violaciones de derechos humanos, promueve el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. Código-DH nace en enero de 2011 con la desaparición del Comité de Liberación 25 de Noviembre, organización acompañada por PBI desde finales de 2009 debido a las preocupantes amenazas y ataques que venían sufriendo por su trabajo legítimo en favor de los derechos humanos. Aunque cuentan con medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2007, las agresiones contra miembros de Código-DH y sus familiares no han cesado, por lo que PBI sigue brindando acompañamiento a la organización.

En el 2011 Código-DH abrió una oficina regional en San Pedro Amuzgos, donde brinda un proceso educativo y de asesoría jurídica que contribuye al reconocimiento y respeto de los derechos humanos en la región, la sensibilización y capacitación de las autoridades locales en el tema y la formación de promotores de derechos humanos. En el 2013 Código-DH sufrió nuevas agresiones en su contra cuando empezaron a brindar apoyo a las comunidades del Istmo de Tehuantepec que están exigiendo su derecho a la consulta previa, libre e informada ante una aparente imposición de un parque eólico. Los y las defensores comunitarios en San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón han sufrido varios ataques y amenazas por su activismo en la defensa de sus tierras y territorio. PBI monitorea su situación de seguridad y la reivindicación al derecho a la consulta a través de su acompañamiento a Código-DH en el Istmo.

El Padre Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote católico, y el equipo del albergue para migrantes Hermanos en el Camino en Ciudad Ixtepec, ofrecen ayuda humanitaria y asistencia legal a migrantes que provienen mayoritariamente de Centroamérica. En 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 11333 secuestros de migrantes. La fosa conteniendo los cuerpos de 72 migrantes encontrada en 2010 en el estado de Tamaulipas es emblemática de los riesgos que enfrenta la población migrante, cuyos derechos se mantienen limitados por la ley y quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad ante la delincuencia organizada y la corrupción estatal.

Amenazados por defender a los más vulnerables

La labor de defensa de los derechos humanos de los migrantes que desarrolla el Padre Solalinde, quien ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, y su equipo, ha sido reconocida ampliamente dentro y fuera de México, pero al mismo tiempo les ha convertido en el blanco de ataques, difamación y amenazas de muerte. Desde 2008, el Albergue ha denunciado múltiples casos de corrupción de funcionarios municipales, estatales y federales, así como prácticas de secuestro contra personas migrantes, lo que le expone a sufrir agresiones e intimidación por parte de bandas organizadas y de funcionarios públicos. Por todo ello, el 23 de abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó al Padre Solalinde Guerra medidas cautelares para asegurar su vida e integridad física.

Tanto el Padre Solalinde como sus compañeros y compañeras de Hermanos en el Camino y otros albergues siguen sufriendo amenazas de muerte, y por lo tanto PBI espera que el estado mexicano implemente medidas para garantizar la seguridad para quienes defienden los derechos de personas migrantes.

• Ficha de Presentación: Padre Solalinde (pdf)
• Entrevista: Padre Solalinde (pdf)
• Documentales de Amnistía Internacional y Gael García Bernal sobre migrantes en México y en los cuales Padre Solalinde y la DPMH son protagonistas

El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (Barca-DH) es una organización no gubernamental de derechos humanos que nace del proceso de comunidades eclesiásticas de base con el objetivo de promover y defender los derechos humanos de las comunidades de Oaxaca. En octubre de 2010, PBI aceptó una petición de acompañamiento, enfocada en Minerva Martínez Lázaro, coordinadora de Barca-DH, y los sacerdotes Martín Octavio García Ortiz y Wilfrido Mayrén Peláez (más conocido como Padre UVI), ambos miembros del consejo consultivo de la organización.

Desde que se establece legalmente en 1992, Barca-DH ha sufrido vigilancia, amenazas, campañas de difamación e incluso ataques directos y montajes judiciales contra ellos, por su trabajo en la promoción, defensa y educación en derechos humanos. En la actualidad, Barca-DH lidera una campaña internacional por la libertad de Álvaro Sebastián Ramírez, preso político de la región Loxicha, exige la investigación de 10 hombres desaparecidos en Zapotengo Pochutla y lleva varios otros proyectos de derechos humanos con comunidades en la Sierra Sur y Valles Centrales de Oaxaca. Barca-DH asesora a las comunidades de Zaniza, Teojomulco y San Lorenzo, facilitando información sobre el impacto ambiental y el derecho a la consulta previa, libre e informada ante el proyecto minero afectando a la zona.

La coordinadora de Barca-DH, Minerva Martínez Lázaro, se enfrenta a numerosos riesgos por este trabajo en casos de alto perfil. El Padre Uvi, reconocido defensor de derechos humanos en Oaxaca por sus labores de pacificación en diferentes conflictos, es actualmente uno de los impulsores de la resolución de los conflictos afectando a las comunidades de Santiago Amoltepec, Eloxochitlán de Flores Magón y San Lorenzo Texmelucan. Por su trabajo ha sufrido durante años hostigamiento, amenazas y campañas de difamación, entre otros abusos. El Padre Martín, por su parte, centró su trabajo en el apoyo a las comunidades de San José del Progreso que resisten a la explotación de oro y plata otorgada a la compañía Cuzcatlán. Después de una campaña de difamación y hostigamiento contra su trabajo y su persona, el sacerdote denunció haber sido secuestrado y agredido en junio de 2010. Pocos días después fue detenido en régimen de arraigo, acusado del asesinato de dos personas durante enfrentamientos en San José del Progreso. Más tarde quedó en libertad sin cargos, pero nadie ha respondido todavía por los daños que sufrió.

• Ficha de Presentación: Barca-DH (pdf)

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) es una organización no gubernamental, fundada en 1994, con sede en la Ciudad de Oaxaca. Impulsa la democracia y el desarrollo en las comunidades oaxaqueñas, además promueve la justicia, la equidad y la participación social para lograr elevar la calidad de vida de los sectores marginados de la población de Oaxaca.

EDUCA asesora a organizaciones y comunidades indígenas en la defensa de sus derechos ciudadanos, fomenta la educación ciudadana, capacita a autoridades indígenas e impulsa proyectos de desarrollo local.

PBI empezó a acompañar a Educa en agosto del 2013 a raíz de los riesgos que enfrentan los y las defensores comunitarios que reciben asesoría de Educa en la reivindicación del derecho a la consulta previa, libre e informada ante la aparente imposición de megaproyectos sobre sus tierras y territorios. Los riesgos que enfrentan quienes denuncian procesos inadecuados de consulta y los impactos negativos causados por proyectos de extracción e infraestructura son elevados no solo en Oaxaca sino en todo el país y PBI ve muy importante que el gobierno mexicano tome pasos fuertes para garantizar que su legítimo activismo se desarrolle en condiciones de seguridad.

Algunos de los casos acompañados por Educa, y dónde los activistas son amenazados por su labor, son San José del Progreso y la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), Magdalena Teitipac y Paso de la Reina. En el 2013 Educa publicó el Diagnóstico sobre Agresiones a Defensoras y Defensores Comunitarios y el Papel de los Organismos Públicos de Derechos Humanos en Oaxaca, cuyas recomendaciones deben ser implementadas para asegurar la protección de esta población vulnerable.

• Ficha de presentación: EDUCA (pdf)