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La noche del 10 de mayo, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, defensora de derechos humanos y madre de una hija desaparecida, fue asesinada en el estado de Tamaulipas.

El 10 de mayo es Día de las Madres en México, y desde hace 6 años familiares de personas desaparecidas en distintas partes de México realizan la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir justicia.

Estas mismas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su consternación y exigieron justicia frente a este asesinato y la situación de quienes buscan a sus familiares.

El asesinato de la defensora también causó preocupación en actores internacionales. El portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad manifestó que las autoridades deben garantizar las medidas preventivas necesarias para asegurar una protección eficaz para defensores de los derechos humanos y periodistas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU hizo un llamado directo a las autoridades para atender los factores estructurales que tendrían a las familias de personas desaparecidas en una “grave situación de vulnerabilidad”.

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a investigar con debida diligencia y a garantizar la seguridad e integridad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos, y además a resolver la “crisis” de desapariciones en el país.

Por su parte, el Espacio_OSC para la protección de Personas Defensoras y Periodistas -instancia acompañada por PBI - contextualizó el asesinato en la situación de violencia en el país durante lo que va del 2017, destacando el asesinato de 24 personas defensoras de derechos humanos y cinco periodistas -además de otras agresiones- y exigiendo que se garantice el derecho a la protección, el acceso a la justicia, la verdad, y la reparación del daño.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), calificó la situación como un incumplimiento de la obligación de proveer seguridad pública y prevenir violaciones a los derechos fundamentales de parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno.

PBI junto a otras organizaciones internacionales realizó un comunicado conjunto en el que destacó la necesidad del reconocimiento de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México comodefensores de derechos humanos, además, brindamos nuestra solidaridad con quienes trabajan para acabar con las desapariciones en México (que solo según cifras oficiales sobrepasa los 30mil casos), así como con la violencia en contra de defensores de derechos humanos que persisten en el país.