Seguridad y protección de defensores/as

El sol del mediodía arde implacable en el pequeño patio de Santa María Mixtequilla (SMM), estado de Oaxaca, donde se encuentran reunidas unas 50 personas. Algunas mujeres intentan refrescarse con abanicos de papel, mientras los hombres llevan grandes sombreros para aliviar el calor del Istmo. Un anciano, de pie, habla con decisión mientras la multitud apoya sus palabras con imperceptibles movimientos de cabeza: “quieren pagarnos por un metro de tierra lo que vale un kilo de tortillas”.

El 30 de agosto de cada año, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.  Este año se cumple el décimo aniversario del establecimiento de la fecha por parte de Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU) [1], propuesta por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, para reiterar la responsabilidad de los Estados sobre la protección de todas las personas desapariciones y quienes les buscan.

Personas Defensoras de la Sociedad Civil Mexicana y Europea se reúnen en el Triálogo de Derechos Humanos junto con Representantes de Gobierno de México y Unión Europea.

Durante la pandemia, la construcción de megaproyectos energéticos y de infraestructura continuaron, al considerarse actividad esencial. Paralelamente, los procesos judiciales y amparos interpuestos por las comunidades afectadas y opositoras se paralizaron y la articulación de la protesta social quedó debilitada por las restricciones de confinamiento y distanciamiento social.

El 70% de las personas defensoras asesinadas en México en 2020 defendían el territorio y el medioambiente