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El 19 de junio del año 2016, durante una protesta del magisterio y pobladores de las comunidades de Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera, que solicitaban un diálogo con el Gobierno Federal para hacer una revisión de la reforma educativa, fueron fuertemente agredidos por diferentes fuerzas de seguridad en un intento de desalojar la protesta.

Antecedentes

El 10 de septiembre de 2010, el entonces presidente Enrique Peña Nieto promulga una reforma al artículo 3° y 73 constitucionales, dando pie a modificaciones en el tema educativo. Esta reforma genero inconformidad y protestas en diferentes estados del país, por parte de personas integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE por considerar que dichas modificaciones podrían generar la privatización y estandarización de la educación. Esta inconformidad se tradujo en pronunciamientos magisteriales, sociales y de diferentes organizaciones en torno a esta reforma en los siguientes años en el estado de Oaxaca, trayendo consigo detenciones, criminalización, difamaciones a integrantes de la Sección XXII de la CNTE de los cuales algunos se consignan en el Informe Preliminar Sobre Violaciones de Derechos Humanos 19 de Junio Oaxaca.

Los Hechos

La semana previa al 19 de junio de 2016, las personas que protestaban, entre quienes se sumaban integrantes de la Coordinadora Estatal de Madres y Padres de Familia y Tutores en Defensa de la Educación Pública, Laica y Gratuita del estado de Oaxaca e integrantes del Magisterio Oaxaqueño y personas de las comunidades arriba mencionadas, instalaron un bloqueo intermitente de vehículos de carga en Nochixtlán, y bloqueos en la carretera a Huitzo a la altura de la gasolinera de Telixtlahuaca y el crucero de Hacienda Blanca. Como respuesta, el gobierno estatal desplegó un operativo que contó con la participación de 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Policía Federal y la División de Gendarmería, dejando un saldo de 7 personas muertas, más de 150 personas heridas y 27 personas detenidas.

El seguimiento

Organizaciones de la Sociedad Civil identificaron graves violaciones a Derechos Humanos que fueron documentadas, tales como uso excesivo de la fuerza, violaciones al derecho a la libertad, derecho, al debido proceso y seguridad jurídica, al derecho a la integridad física y la salud y al mismo derecho a la vida. Organizaciones como Codigo DH y Consorcio Oaxaca, acompañadas por PBI en Oaxaca, han brindado desde el 2016 acompañamiento psicosocial y asesoría legal a las víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos.

En marzo de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación No. 7VG/2017, dirigida a varias autoridades estatales y federales, “sobre violaciones graves a derechos humanos por los hechos ocurridos el 19 de junio 2016” donde enfatiza sobre las responsabilidades de las autoridades en cuanto a procuración de justicia, reparación del daño y reconstrucción del tejido social. Dicha recomendación fue cuestionada por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil entre otros puntos porque omite de la recomendación el gobierno federal, así como la omisión de los hechos de tortura sexual que se documentaron.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresó su preocupación sobre el hecho de que las autoridades no han aclarado los hechos, han rechazado sus responsabilidades y han generado el surgimiento de dudas legítimas sobre la falta de parcialidad e independencia en la conducción de la investigación; además, reprobó el hecho de que varias víctimas y sus representantes han sido blancos de desprestigio, intimidación y agresiones físicas y concluyó que “aún se está lejos de alcanzar la verdad y justicia para las víctimas”.

La CNDH declaró recientemente que el Gobierno de Oaxaca, la Comisión Nacional de Seguridad, la Subprocuraduría Jurídica en suplencia de la PGR y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, aún no han dado cumplimiento a muchos de los puntos que incluye su recomendación, como lo son la disculpa publica a las víctimas por parte del Estado, la reconstrucción del tejido social en las localidades afectadas y la reparación del daño para las víctimas.

A poco más de dos años de ocurrido el grave suceso, PBI comparte la preocupación de organizaciones que acompañan a las víctimas del caso, principalmente por la dilación en las investigaciones y por la falta de comunicación de los avances de las mismas, ya que aún no se han identificado ni castigado a los responsables, dejando en la impunidad este luctuoso hecho de violación a los derechos humanos.

PBI, desde ocurridos los hechos hasta la actualidad, continúa acompañando a las organizaciones que trabajan con las víctimas del caso, tanto para contribuir al mantenimiento de los espacios de actuación que les permitan el acceso a la verdad y justicia, como por el reconocimiento del derecho a la protesta social. Además, exhorta a las autoridades a cumplir con su deber de procuración de justicia, identificación de responsabilidades y reconocimiento de los agravios cometidos por cuerpos policiales, con el fin de dar fin a la impunidad, como garantía fundamental de la no repetición de violaciones a derechos humanos.